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La escasez de medios y plantilla dificulta la extinción de los incendios invernales

El fuego arrasa más de 23 hectáreas de matorral y pasto en Lunada Apamcyl plantea la reducción porcentual de ayudas de la PAC si se confirma la «motivación agropecuaria» de los siniestros

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
10/01/2019

 

La historia suele repetirse cada año por estas fechas salvo que llueva en abundancia. Los denominados «incendios de invierno» proliferan desde el noroeste peninsular hasta el norte de Burgos y afectan de pleno a Castilla y León, que de entrada no cuenta con los medios y los efectivos necesarios para combatir el fuego con la misma rapidez que en la época estival. Así lo denuncia una vez más la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), que no oculta su preocupación ante la reciente oleada de siniestros en la Comunidad -principalmente en las provincias de León y Zamora-, todos ellos con un «claro carácter intencionado» y «motivación agropecuaria».

Tampoco se ha librado Burgos. El 31 de diciembre, un incendio presuntamente «provocado» se extendía «sin control» por el entorno de Lunada. En ese momento, ningún agente medioambiental se encontraba de servicio y tampoco se disponía de medios aéreos o terrestres para aplacar las llamas, por lo que el fuego no se pudo dar por extinguido hasta el 2 de enero. Finalmente, el siniestro afectó a 23,15 hectáreas de matorral y pasto, dos de ellas de «regeneración de haya».

El presidente de Apamcyl, Esaú Escolar, sabe de sobra y por experiencia que las malas praxis para regenerar pastos originan esta sucesión de desastres medioambientales. El problema, a su juicio, radica en que los partidos políticos «no se atreven a criminalizar a los ganaderos» -no al sector en general, sino a quienes cometen los delitos- por una «cuestión exclusivamente electoralista», máxime ahora que se acercan los comicios autonómicos y municipales. No obstante, cree que como mínimo debería apostarse por la «vía del diálogo con los ganaderos», las quemas con «fuego controlado» bajo la supervisión de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) o los «desbroces mecánicos».

El sindicato también vuelve a poner sobre la mesa su propuesta sobre investigación de incendios pese a que la Junta esgrima que «no tiene competencias en investigar delitos». Aparte de considerar que todas las autoridades competentes tienen la «obligación de perseguir delitos», Escolar subraya que los agentes medioambientales poseen conocimientos sobradamente acreditados para acumular pruebas «indiciarias» y «directas» que permiten posteriormente a la Guardia Civil investigar y detener a los responsables de incendios forestales.

Aún con todo, Escolar es consciente de lo complicado que resulta acabar con una práctica «cultural» que acarrea graves consecuencias para el medio natural. Por este motivo, Apamcyl plantea la reducción porcentual -y progresiva si se detecta una «reiteración» de incendios- de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en las áreas de montaña donde se registren este tipo de siniestros. Es decir, la asociación defiende la aplicación de los criterios para la evaluación de incumplimientos recogidos en la Orden AYG/965/2015, de 26 de octubre, en función de su «persistencia», «gravedad» o «alcance» si no se respetan las «buenas condiciones agrarias y medioambientales» fijadas en la normativa.

Al presidente de Apamcyl no le cabe duda de que «la primera Comunidad Autónoma que introduzca esta medida reducirá sus incendios». En cualquier caso, y habida cuenta de que a día de hoy ningún partido «se va a atrever» a dar el paso, lamenta que la Consejería de Medio Ambiente considere que mantener el operativo todo el año sea un «despilfarro» y, al mismo tiempo, no centre sus esfuerzos en «atajar la causa» de los incendios. Entretanto, la flexibilidad de medios fuera del periodo estival se traduce en la ausencia de efectivos de las BRIF por «vacaciones en enero y diciembre» o el desequilibrio temporal de los turnos del personal fijo discontinuo de la Junta (conductores y mangueristas), que impide contar con la plantilla al completo durante todo el año. Así las cosas, precisa que la semana pasada fue necesario recurrir a los hidroaviones del Grupo 43 de las Fuerzas Aéreas para intervenir en Sanabria (Zamora) y en León.

Tampoco se olvida Escolar del déficit actual de 240 agentes medioambientales en Castilla y León. Estaba prevista la convocatoria de una oposición en 2018 para 40 plazas que al final no se celebró. De cara a este año, el Gobierno regional contempla una nueva para «otras 51» pese a que «no tiene presupuesto». Sea como fuere, el presidente de Apamcyl recuerda que aún está pendiente el «proceso de consolidación de empleo» de una veintena de interinos, por lo que la oferta contemplaría «30 a mayores». El caso es que en la actualidad «sin plantilla y con gente de vacaciones, las comarcas están en cuadro».

«Medidas de mejora» para el medio ambiente

A estas alturas, todos los grupos políticos ya piensan en clave electoral y Apamcyl duda que la Junta de Castilla y León tenga en cuenta sus reivindicaciones de aquí a que finalice la legislatura. Partiendo de esa premisa, la asociación presentará un documento con «medidas de mejora» a todos los partidos que concurran a las autonómicas. De esta forma, tal y como detalla Esaú Escolar, se pretende que cada formación analice aquellas propuestas que «pueden ser interesantes de cara a proteger con mejores medios y más calidad el medio ambiente». Aparte de las necesidades materiales y de plantilla, el sindicato también incidirá en la lucha contra incendios o la «asignatura pendiente» de la protección ambiental, sobre todo en lo relativo a la «gestión de residuos» para atajar el «mayor problema de contaminación de aguas subterráneas que tenemos en Europa».

 

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