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VALLE DE MANZANEDO / PRESUNTA PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA

El fiscal pide que se mantenga al secretario como investigado

Ve «indicios suficientes» de su responsabilidad en el procedimiento judicial contra la permuta de caminos públicos en favor de una empresa agroalimentaria

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
31/05/2018

 

La fase de diligencias previas con el objetivo de dirimir la presunta prevaricación administrativa del equipo de Gobierno del Valle de Manzanedo tras la autorización de la permuta de vías públicas con propiedades privadas de la empresa agroalimentaria Fuentehumorera S.L. sigue su curso con los mismos investigados. Y es que la Fiscalía se opuso el pasado 18 de mayo al recurso de reforma interpuesto por el secretario municipal, Enrique Rodríguez, ante la «duda» de su defensa de que un funcionario de la Administración local pueda ser imputado por un delito de estas características, amén de subrayar que «los hechos objeto del presente procedimiento no son constitutivos de tal delito de prevaricación administrativa al no darse los elementos típicos para ello».

De nada le han servido sus argumentos a la hora de solicitar el sobreseimiento de la causa, ya que el fiscal considera que en la actualidad existen «indicios suficientes» que justifican el auto dictado el pasado 12 de enero por el Juzgado de Instrucción número 1 de Villarcayo para continuar la tramitación de las diligencias previas incluyéndole a él, la alcaldesa y los concejales que en agosto de 2010 votaron a favor de la suspensión del expediente de recuperación posesoria de bienes y que, a finales de 2012, validaron la continuidad del expediente de permuta de bienes públicos a cambio de bienes patrimoniales pertenecientes a la empresa en cuestión. Por lo tanto, la Fiscalía sostiene que al secretario y los ediles que en su día avalaron ambas decisiones se les debe imputar «tal delito de prevaricación administrativa».

Al margen de los investigados, el fiscal también estima que la actuación del Ayuntamiento «no es la adecuada» a la hora de defender los «intereses» del municipio. En este sentido, señala que la Corporación debería «mantener en su poder» los pueblos de Rioseco, Fuente Humorera, San Martín del Rojo y Quintana del Rojo en vez de «tratar de desprenderse de los mismos». Asimismo, recuerda los expedientes tramitados por el Procurador del Común contra el expediente de desafectación y permuta en los que sugería al equipo de Gobierno la apertura de «procedimientos de recuperación de bienes públicos de su titularidad».

En otro escrito también remitido el 18 de mayo, la Fiscalía se opone a la solicitud de la edil Margarita Pérez -denunciante del presunto delito- para la suspensión del acuerdo plenario del 1 de junio de 2016 en el que se aprobó el deslinde del espacio urbano y dominio público de la localidad de Rioseco «a fin de que se modificase el inventario de caminos públicos del Ayuntamiento», basándose en el «Catastro actual», para «acreditar la inexistencia de ocupación alguna» por parte de Fuentehumorera S.L. En este caso, el rechazo a la petición obedece a que «lo alegado excede de las competencias» que tiene el Juzgado de Instrucción número 1 de Villarcayo. Es decir, la resolución debe llegar a través de la vía contencioso-administrativa«sin perjuicio de que por su parte pueda instarse un nuevo procedimiento penal frente a las personas que tenga por convenientes en el caso de considerarse que se ha incurrido en un nuevo hecho delictivo».

Después de presentar un recurso de reposición ante el pleno que el resto de ediles rechazaron el 13 de diciembre de 2017, Pérez elevó sus quejas al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos, que admitió a trámite su petición a principios de abril de este año.

 

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