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DIEGO SANTAMARÍA
25/01/2018
Si de algo saben los empleados de la central nuclear de Santa María de Garoña es de incertidumbre. A cada paso les asalta una nueva duda sobre las próximas actuaciones previstas. Ahora, su principal interrogante es el plazo estimado para dar salida a todos los residuos de media y baja actividad con destino al cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba). En principio, Enresa espera finalizar dicho traslado «entre abril y mayo». Y hasta ahí pueden leer los trabajadores de la planta mientras permanecen a la espera de que «nos informen sobre qué sistemas son necesarios, de qué forma hay que hacerlo», aseguran fuentes del comité de empresa consultadas por este periódico.
Entretanto, la plantilla que aún perdura en la instalación eléctrica tras el ERE -119 operarios de Nuclenor y alrededor de 100 empleados de otras empresas- centra sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los residuos radioactivos almacenados en la piscina del reactor y los que saldrán paulatinamente de Garoña en dirección a El Cabril. En este caso, al tratarse de un «apartado independiente» al resto de la infraestructura, se está facilitando a Enresa el tratamiento de dichos residuos.
Poco más pueden hacer los trabajadores, quienes aún desconocen cuándo se iniciarán los trabajos de presdesmantelamiento de la central. «No sabemos nada. Seguimos pendientes de ver qué es lo que pasa en un futuro próximo», detallan las mismas fuentes, aunque en principio se prevé que esta fase arranque a lo largo de 2018.
Por otra parte, el comité de empresa de Nuclenor considera que la adaptación de los 65 operarios recolocados en otras centrales tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de septiembre ha sido «satisfactoria en la mayoría de los casos». Su salida se llevó a cabo de manera «paulatina» dada la necesidad de «transmitir conocimientos a otras personas que tenían que hacerse cargo de sus tareas».
Obviamente, en este tipo de situaciones resulta «difícil contentar a todos», máxime cuando muchos de los recolocados se han visto obligados a dejar a su familia en Burgos, al menos de forma temporal. Además, la negociación paralela para formalizar los ingresos de esos trabajadores en otras plantas suscitó reacciones críticas porque «en muchos casos no se llega al mismo nivel económico o al mismo convenio». Por contra, el comité dio el visto bueno a los traslados porque ofrecen «seguridad» en el apartado laboral.
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