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RIBERA

El juez archiva la investigación a los concejales

Entiende que no hay base firme para un delito de prevaricación administrativa

LORETO VELÁZQUEZ
09/03/2017

 

Tan solo un día después de haber escuchado al último concejal investigado por otorgar en 2011, sin informe jurídico, una licencia de obras para que la plaza de toros ampliara las dimensiones del ruedo y cumpliera la normativa, el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero lo tiene claro: la querella que presentó la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros con el respaldo de los grupos políticos de Sí se Puede y Unión Progreso y Democracia (UPyD), por un posible delito de prevaricación administrativa, no tiene base y se archiva. Aunque es una decisión temporal, y la plataforma puede presentar recurso en los próximos cinco días, lo cierto es que ninguna de las partes se muestra sorprendida.

En las filas del PP -donde la mayoría se enteró por la prensa-, nadie desea hacer declaraciones hasta no leer de primera mano el documento pero aseguran que el archivo es «lo lógico», y que «no podía ser de otra manera», porque a los jueces «no se les engaña». Tampoco ha pillado por sorpresa al abogado de la plataforma ciudadana, Julián Mateos. «No nos sorprende», asegura decidido a presentar recurso.

Junto a los ediles del PP investigados, los actuales concejales de Hacienda y Personal, Emilio Berzosa, y de Cultura, Azucena Esteban, así como la alcaldesa, Raquel González, y sus ex compañeros, Javier Rojas y Ángel Calvo, estaban también el arquitecto, Raúl Frutos, y los regionalistas José Ignacio Díez Arranz y Elia Salinero (actual concejala de Ciudadanos). «Estamos contentos y más tranquilos», admite Salinero quien destaca una de las frases de la resolución en la que el juez recuerda que aunque no hubiese informe jurídico «no era vinculante». «Entendimos que el propio Ayuntamiento le estaba requiriendo dichas obras y entraba dentro de la lógica», argumentó a este periódico hace unas semanas.

En todos los casos, la línea de defensa fue casi idéntica al aferrarse al acta de la polémica junta de gobierno en la que si bien falta un informe jurídico -como así lo observa el secretario y la interventora-, no queda constancia de que advirtiesen que era pertinente y obligado. Tampoco había informes contrarios ni reparos técnicos.

En su argumentación, los ediles coincidieron además en recordar que la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, promotora de esta demanda, fue partícipe de todo el proceso ya que, así lo acordaron en la reunión que tuvieron el 11 de julio de 2011, un mes antes de la celebración de la junta de gobierno cuestionada.

En el auto, el juez no concreta si se impone el pago de costas así que todavía se desconoce si ejecutará la fianza de 2.000 euros que obligó poner a la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros (para cuyo pago contó con el apoyo económico de Sí se Puede y UPyD), como acusación particular, para garantizar los posibles daños y perjuicios a los hasta ayer investigados. Estaba en juego una pena de inhabilitación de cargo público y el pago de una multa económica.

Las primeras declaraciones se produjeron el pasado 27 de febrero en una jornada que comenzó a primera hora de la mañana con la alcaldesa, Raquel González, y que continuó con los concejales Azucena Esteban y Emilio Berzosa y el ya ex concejal, Ángel Calvo. Una hora después, hacían el paseíllo, los regionalistas acompañados por su abogado Teresa Hontoria.

Mientras la declaración de la alcaldesa popular y el arquitecto duraron en torno a una hora cada uno de ellos, el resto comparecieron una media de veinte minutos cada uno. Alegando un viaje, Javier Rojas, retrasó su comparecencia hasta el lunes día 7 del mes de mayo. El Partido Popular confió su defensa en una persona de confianza del partido en Burgos, el abogado Juan Manuel Gallardo.

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