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La Junta avala el traslado a Rumanía de una niña acogida en Medina

Servicios Sociales asegura que su abuela paterna quiso estar con ella «desde el principio» y que el entorno es idóneo / La familia de acogida desconfía y promete luchar «hasta el final»

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
19/06/2017

 

La familia Gil Ochoa está dispuesta a llegar «hasta el final»para evitar que la niña de dos años y medio a la que acogieron temporalmente con apenas un par de meses se traslade a vivir con su abuela paterna a Rumanía. Teresa Ochoa, su marido y sus tres hijos desconfían del futuro destino de la menor porque consideran que dicho entorno no reúne las condiciones idóneas, máxime cuando los padres biológicos perdieron su custodia al detectarse una situación de desamparo. Además, la matriarca sostiene que esta decisión obedece únicamente al expreso deseo de su progenitor y no al de su abuela, que en realidad «no quiere hacerse cargo».

El proceso estaba en marcha desde hacía meses, pero se fue dilatando por la prioridad normativa de que la pequeña conviva con familia extensa hasta el cuarto grado de consanguinidad. Por otro lado, tal y como apunta la gerente territorial de Servicios Sociales en Burgos, Marian Paniego, Rumanía no se adhirió en su momento al Convenio de la Haya para la Protección del Niño y la Cooperación en materia de Adopción Internacional, de tal manera que poco se puede hacer en ese sentido porque además la menor no tiene la nacionalidad española.

Paniego aclara por tanto que el traslado de la niña junto a su abuela excede las competencias de los técnicos de Burgos. Son las embajadas de ambos países las que han determinado que se ejecute el «procedimiento riguroso de la ley». No obstante, desmiente rotundamente cualquier dejación de funciones en lo que respecta a la evaluación de la situación socioeconómica de sus parientes en Rumanía. De hecho, se han mantenido contactos con los Servicios Sociales del país para constatar que se trata de una «familia normalizada» cuyo domicilio «reúne las condiciones de habitabilidad». Asimismo, reitera que la abuela expresó su deseo de asumir la tutela de su nieta «desde el principio», un argumento de peso para que el Estado rumano contactase con las autoridades españolas con el fin de buscar una vía diplomática lo más ágil posible.

De la red al juzgado

El tiempo corre en contra de esta familia de Medina de Pomar. El viernes deben entregar a la niña y hoy se juegan su última baza en los tribunales, concretamente en el Juzgado de Familia de Burgos. Recibieron la notificación el día 15 y decidieron interponer la correspondiente denuncia lo antes posible. En la capital no podían por el Curpillos y se personaron en Villarcayo, pero les comunicaron que «la denuncia tarda en llegar un mes a Burgos desde aquí».

Antes de recurrir a esta vía, los García Ochoa aprovecharon el tirón de internet y de las redes sociales para dar a conocer su caso a la opinión pública. A través de una petición en la plataforma Change.org, su hijo Jon Ander acusa de «corrupción de los Servicios Sociales de Burgos». En su misiva, que al cierre de esta edición rondaba las 5.000 firmas, culpabiliza a la Gerencia Territorial de presionar a la familia de la menor en Rumanía -«no han parado hasta que ha aceptado»- y de no realizar un seguimiento adecuado al afirmar que «en dos años y medio han venido a verla una vez, tomaron un café y se fueron».

Garantía legal

La gerente de Servicios Sociales niega que los técnicos se hayan desentendido de la menor y subraya que han estado «detrás de todo el proceso». Y aunque por cuestiones de protocolo no entraron en detalles, asevera que se comunicó en su debido momento que la familia de la pequeña cumplía los requisitos establecidos por la legislación rumana en esta materia.

Los apoyos recabados en la red se suman a las firmas en mano que los Gil Ochoa han recopilado personalmente. «Se las vamos a entregar al fiscal si nos recibe», declaraba ayer Teresa pese a desconocer «si va a valer para algo». Con ello se refería también a la denuncia, cuyo argumento principal se basa en que el acoplamiento debería iniciarse en Medina, en presencia de quienes la han acogido durante más de dos años, para que «el tránsito de la niña sea medianamente humano».

Teresa quiere viajar a Rumanía para verificar el nuevo entorno de la niña, pero las medidas de acoplamiento del país no lo permiten. Cabría la posibilidad de realizar un seguimiento posterior, pero no depende de los Servicios Sociales sino del país de origen. Lo que sí reconoce Paniego es que la Fiscalía tendrá la última palabra, por lo que no descarta que se valore exhaustivamente «si se han agotado todas las vías».

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