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La Junta licitará la próxima semana la recuperación de 55 escombreras

Ya ha intervenido en 14 de 11 municipios de la provincia, tal y como se dio a conocer ayer en la comisión de seguimiento de la que también forman parte Diputación y Consorcio de Residuos

M. M.
28/09/2019

 

La Junta ha concluido los trabajos de clausura y recuperación ambiental de 14 escombreras ubicadas en 11 términos municipales burgaleses, siendo el próximo día 1 de octubre cuando tiene previsto licitar los trabajos para la recuperación de otras 55 escombreras ubicadas en 43 términos municipales de la provincia.

De todo ello se informó ayer en la Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración para la recuperación ambiental de escombreras ilegales en la provincia de Burgos, la cual celebró una reunión en la capital con el fin de dar a conocer las actuaciones-realizadas y por realizar-, vinculadas a este acuerdo, firmado en julio de 2018 entre la Diputación Provincial, la Junta y el Consorcio Provincial de Residuos.

Al igual que se detalló que, de hecho, ya se ha intervenido en Merindad de Montija, Vizcaínos, Campolara, Pinilla de los Barruecos, Vizcaínos, Rabanera del Pinar, Valdezate, Fuentelisendo, Fuentemolinos, Mambrilla de Castrejón y San Martín de Rubiales.

Cita encabezada por el presidente de la Institución Provincial, Céasr Rico, a quien acompañaron el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, Rubén Rodríguez Lucas; y el presidente del Consorcio Provincial de Residuos, Víctor Escribano Reinosa, junto a quienes también estuvieron técnicos de las diferentes áreas implicadas.

Carácter trianual

La reunión de ayer tuvo así como objeto constituir dicha comisión de seguimiento, «ya que será el órgano que coordinará las actuaciones a desarrollar por todas las partes a la vez que realiza el seguimiento y control de las inversiones», detallaron desde el área provincial de Medio Ambiente. «Además de dar cuenta de los trabajos realizados en el marco del Convenio», recordando que dicho acuerdo es de carácter trianual (2018-2020), para el que se prevé una inversión regional de 734.000 euros; de 1’8 millones de euros por parte de la Diputación Provincial y de 720.000 del Consorcio Provincial de Residuos.

Y es que entre los compromisos adquiridos por los tres organismos participantes «están la contratación y financiación de los trabajos de restauración ambiental de las más de 130 escombreras ilegales diseminadas por la provincia, siendo ésta una labor a realizar por la Junta». Así como la implantación de un sistema alternativo para la gestión de estos residuos de construcción y demolición (RCDs) mediante una red provincial de plantas de transferencia y pretratamiento.

«Luego, nosotros»

«Y será en esta siguiente fase en la que intervendremos nosotros», detallaba tras el encuentro el presidente del Consorcio, Víctor Escribano, como entidad dependiente de la Diputación Provincial al ser ambas las que gestionarán esta segunda parte del proceso de recuperación de estos espacios.

Entre otras labores, con la implantación de un sistema de recogida separada de RCDs de carácter domiciliario (derivados de obras menores), a través de una red de puntos limpios específicos y de plantas de transferencia y pretratamiento. «La primera de las cuales ya se encuentra en funcionamiento en Villadiego tras una inversión de 300.000 euros», explicó.

«Además de estar ya en construcción la planta del Valle de Mena (donde se prevé una inversión de 510.000 euros). Añadió que la tercera de las plantas de la red provincial, «cuyo proyecto ya está redactado, se encontrará en Belorado, además de estar en la actualidad los técnicos del Consorcio trabajando en la redacción del proyecto de la planta que dé servicio a la comarca de Pinares».

De ahí la previsión de llevar a cabo campañas de información a los ayuntamientos donde se presta este servicio de recogida, tanto sobre los trámites y procedimientos necesarios para la correcta gestión de estos residuos, así como promover y facilitar entre los ciudadanos su recogida selectiva. Y es que como recuerdan las tres entidades recuerdan que estos depósitos ilegales -que habitualmente se consolidan por el vertido incontrolado de RCDs (procedentes principalmente de obras menores)-, producen importantes impactos ambientales y paisajísticos, e impiden el aprovechamiento de posibles recursos que puedan contener esos residuos.

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