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Malestar en Apamcyl por una ‘app’ que «no sirve para nada»

Tras sufrir dos agresiones en un mes, los agentes medioambientales creen que las nuevas medidas de protección anunciadas por la Junta son insuficientes

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
10/10/2019

 

Los agentes medioambientales se sienten desprotegidos a la hora de ejercer su trabajo y desamparados por la Administración. Cada vez que se produce una agresión o amenaza a un funcionario, los sindicatos salen a la calle para reivindicar la revisión del protocolo vigente y reclamar mecanismos efectivos que garanticen su seguridad. No les vale una aplicación móvil que «no sirve para nada». Lo que piden, máxime cuando se han registrado dos incidentes en menos de un mes en la provincia de Burgos, es que se reconozca su autoridad y puedan portar armas de defensa.

Por lo general, sus peticiones caen en saco roto aunque en Castilla y León, de vez en cuando, se adopten medidas que para nada satisfacen al sector. Por ejemplo, el desarrollo de la app Geocyl a lo largo de esta legislatura para alertar de situaciones de riesgo. Sin embargo, el anuncio del martes en sede parlamentaria por parte del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, no es del todo novedoso. Desde hace dos años, el Gobierno regional dispone de una herramienta -también llamada Geocyl- que «no sirve para nada».

La app en cuestión, diseñada por Tragsatec para la gestión de «incendios forestales», incluye un «botón del pánico» para que los funcionarios comuniquen «agresiones externas extremas». El problema, tal y como subraya el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl), Esaú Escolar, reside en que «nadie ve» los avisos. Con «nadie» se refiere a las centrales provinciales de la Guardia Civil y del 112, que así se lo hicieron saber a la Consejería advirtiendo de que «no funcionan con esa aplicación» sino con Alertcops, concebida para informar al instante de cualquier emergencia, accidente o hecho delictivo del que se es víctima o testigo.

Con esta herramienta, el Ejecutivo autonómico pretende subsanar el aislamiento comunicativo con los cuerpos policiales y de emergencias. Teóricamente, dispondrá de un código de alerta para comunicar casos de «violencia incontrolada» a la Benemérita y el 112. Esa fue la respuesta de Suárez-Quiñones a la pregunta, durante la sesión plenaria del martes, planteada por el procurador socialista José Luis Vázquez, quien no dudó en criticar la «indolencia cruel» de la Administración hacia un cuerpo funcionarial que cada vez sufre «más frustración y desamparo».

Al presidente de Apamcyl no deja de sorprenderle que la Junta prometa «una cosa que lleva haciendo dos años», máxime cuando los agentes tienen «instrucciones de no instalar aplicaciones en los móviles, ni siquiera WhatsApp». En cualquier caso, el sindicato considera insuficiente esta medida, anunciada a raíz de que el parlamentario del PSOE se interesase por los planes en materia de seguridad tras los últimos ataques sufridos por agentes medioambientales en la provincia de Burgos.

A mediados de agosto, un cazador amenazaba a un funcionario en el término municipal de Cardeñajimeno con una escopeta cargada. El hombre, acompañado de un menor, trató de eludir una posible inspección. Al verse sorprendido, trató de amilanar al agente de forma chulesca: «¿Te crees que me vas a joder la vida?». Después de tan lamentable suceso, el pasado 15 de septiembre tendría lugar otro episodio, esta vez en Valmala, que pudo haber acabado en tragedia. En plena noche, alguien realizó dos disparos contra las ventanas de la vivienda forestal de la localidad en la que reside un funcionario. A día de hoy, todavía se desconoce la identidad del autor de los hechos.

El presidente de Apamcyl no deja de insistir en que el Gobierno regional debe tomar cartas en el asunto y replantearse la prohibición de que los agentes porten armas para repeler agresiones. Frente a esta petición, Suárez-Quiñones anunció la compra, por valor de unos 290.000 euros, de chalecos protectores, guantes anticortes y esprays de «defensa personal». Lo curioso de este asunto es que la Consejería planteó la eliminación del término ‘autodefensa’ en el protocolo de actuación relativo a los servicios de control y vigilancia de los agentes medioambientales, así como la incorporación de la app Alertcops en detrimento de Geocyl.

La propuesta, debatida en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del pasado 12 de septiembre, se trasladó a la reunión ordinaria del Comité Intercentros de Seguridad y Salud que se celebró el día 27. Previamente, la alianza sindical Uscal-Apamcyl solicitó que se incluyera en el orden del día su propuesta de «retirada» de dicho procedimiento. De hecho, la petición se remitió por correo a la secretaria del Comité para reclamar además la convocatoria de una «Mesa Técnica Específica».

Pues bien, para sorpresa de los representantes de Uscal-Apamcyl, la consulta incluida en el orden del día aludía a una «modificación» del citado procedimiento y no a su retirada. A la hora de votar, UGT, Comisiones Obreras y FSES (Educación) se mostraron a favor de la modificación mientras CSIF y Uscal-Apamcyl insistían en su «retirada total». Finalmente, la presidenta dio por cerrado este punto del orden del día al amaparándose en el voto mayoritario, «no cerrando nada de la creación de la Mesa Técnica de Seguridad» y sin fijar «plazos» para su inicio. A tenor de lo sucedido, tanto Escolar como sus compañeros percibieron la «clara intención» de la Junta de «no mover absolutamente nada respecto a lo que ya existe en relación con la seguridad de los agentes medioambientales». Además, la alianza sindical recuerda que el artículo 10 del reglamento de funcionamiento de las sesiones del Comité Intercentros establece que los acuerdos deben adoptarse por «consenso» entre «los representantes de la Administración y los trabajadores».

10 agresiones en 4 años

Los datos hablan por sí solos en Castilla y León. A principios de mes, la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma) reveló que entre noviembre de 2015 y septiembre de este año se han registrado una decena de agresiones en la Comunidad, desde puñetazos hasta intentos de apuñalamiento siempre acompañados de intimidaciones verbales. No en vano, si nos remitimos al último lustro, Uscal-Apamcyl tiene constancia de «12 casos graves».

La cifra, alarmante de por sí, aún lo es más si tenemos en cuenta que a la zaga se encuentran Extremadura y Andalucía con cinco casos, respectivamente. Tampoco hay que olvidar el asesinato de Xavier Ribes y David Iglesias en Aspa (Lleida) a manos de Ismael Rodríguez, un joven cazador condenado a 45 años de cárcel.

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