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«No podemos permitir que nuestro rico patrimonio religioso se pierda»

La doctora en Derecho de la UBU, María Ángeles Herrera, analiza en su último libro la protección de los bienes eclesiásticos por parte de la Iglesia, las administraciones públicas y la iniciativa privada

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
29/11/2017

 

La colaboración a tres bandas entre la Iglesia, las administraciones públicas y distintas entidades privadas garantiza el mantenimiento y seguridad de los bienes muebles e inmuebles de carácter religioso. Así lo refleja -sin olvidar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado- la doctora en Derecho por la Universidad de Burgos (UBU), María Ángeles Herrera, en su libro Protección y acceso al patrimonio eclesiástico en la Comunidad de Castilla y León, recién salido del horno a través de la editorial Edisofer.

A la hora de presentar su obra en sociedad, ayer, en el Arzobispado, la autora puso en valor la preocupación de las entidades católicas por «conservar, proteger y enriquecer dicho patrimonio a lo largo del tiempo». Partiendo de esta base, recordó las diferentes disposiciones normativas -desde el acceso a la cultura amparado por la Constitución hasta las leyes autonómicas en esta materia- que han contribuido a fortalecer la protección del patrimonio eclesiástico. Sobre este apartado, enarboló los «criterios de eficacia y de eficiencia» por la vía colaborativa para asegurar el «mantenimiento, conservación y enriquecimiento» de estos bienes.

Siguiendo con la temática de su libro, la experta en Derecho eclesiástico citó el ejemplo de Las Edades del Hombre como la principal ruta de «acceso» al patrimonio religioso, lo que ha agilizado al mismo tiempo la «restauración de un número importante de bienes muebles e inmuebles» para su exposición al público. En cualquier caso, a modo de conclusión, consideró «necesario» que este tipo de actuaciones de conservación y mantenimiento cuenten con los «suficientes recursos económicos».

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Burgos, Roberto Saiz, se mostró partidario de «crear incentivos y beneficios fiscales» para «permitir la iniciativa privada» a la hora de cerrar acuerdos, ya que «las administraciones no pueden hacer frente directamente a todas las inversiones que se necesitan». En este sentido, justo antes de exponer dicho alegato, remarcó que «todos nos fijamos en los grandes templos, pero para los habitantes de un pequeño municipio su iglesia es importantísima».

Teniendo en cuenta que «cada vez más personas vienen a ver el patrimonio de Castilla y León», Saiz puso el foco en la «seguridad» para evitar robos y saqueos en iglesias y ermitas. Previamente, el teniente coronel de la Guardia Civil, Alfonso Martín, reconoció la «enorme dificultad» que entraña la protección del patrimonio eclesiástico, máxime en una provincia como la de Burgos, donde la mayor parte se ubica en el medio rural. Al igual que el subdelegado, Martín apuntó que los expolios perjudican gravemente al «turismo cultural» del que viven muchos pueblos, a los que «dejan sin ninguna posibilidad de supervivencia a corto plazo».

Por su parte, el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Jorge Zurita, recordó el nacimiento de la hoy denominada Brigada del Patrimonio Histórico en el año 77, motivada fundamentalmente por los saqueos de Erik ‘el Belga’, el ladrón con mayúsculas del siglo XX, reconvertido en colaborador de los cuerpos policiales, que convirtió a la Comunidad en la «más castigada» de España a cuenta de sus expolios.

Pese a la «amplia línea de colaboración» existente entre cuerpos policiales -dentro y fuera del país-, Zorita hizo un llamamiento a la ciudadanía para «proteger nuestro rico patrimonio». «No podemos permitir que se pierda, se lo debemos a nuestros hijos y futuras generaciones», apostilló.

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