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PATRIMONIO

Podemos denuncia la «dejación» de la Junta con 12 BIC sin resolver

Espinosa de los Monteros espera la declaración desde hace 47 años / Domínguez solicita un punto de encuentro familiar en Las Merindades

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
22/10/2019

 

12 Bienes de Interés Cultural (BIC) de la provincia aguardan desde hace años la resolución de los trámites necesarios para certificar su declaración. Lo normal, tal y como apuntaba ayer la procuradora regional de Podemos por Burgos, Laura Domínguez, es que el procedimiento se solvente en un plazo «máximo» de dos años. Sin embargo, muchos de estos elementos patrimoniales llevan décadas de espera. El caso más «flagrante», sin lugar a dudas, es el de la Villa de Espinosa de los Monteros, cuyo expediente se incoó hace 47 años.

Para evitar que la Junta de Castilla y León siga permitiendo esa «dejación de funciones importante», la formación morada trasladará su propuesta a la próxima Comisión de Cultura. No es la primera vez que Podemos lanza esta petición, que ya se puso sobre la mesa durante la pasada legislatura. Por ello, Domínguez consideró que el Gobierno regional continúa amparando una «negligencia» que «carece de sentido común» porque se trata de «joyas arquitectónicas y conjuntos históricos» que a día de hoy «no tienen la protección especial que se merecerían».

La inacción administrativa sobre estos «pseudobienes» no afecta únicamente a Burgos sino al conjunto de la Comunidad. De hecho, Domínguez aseguró que se trata de una cuestión no resuelta en «todas las provincias por igual», hasta el punto de que el número de BIC en trámites de declaración oscila entre «120 y 150». Así las cosas, Podemos presentará una «petición conjunta» para cada territorio pero incidiendo en los casos específicos de cada uno de ellos.

Aparte de la Villa de Espinosa, la procuradora de la formación morada concretó que también permanecen a expensas de convertirse en BIC la Ciudad de Briviesca, la iglesia parroquial del Condado de Treviño, la ermita de San Pelayo y el monasterio de San Pedro de Arlanza en Hortigüela, la Casa de Vela Zanetti en Milagros, el eremitorio Mozárabe de Cuevas de San Andrés en Quintanar de la Sierra y las villas de Huérmeces, Presencio, Valle de Mena, Villasandino y Sasamón. Por culpa de este «limbo legal», insistió Domínguez, esta docena de enclaves se encuentran en una «situación de ilegitimidad o desamparo» que debe solucionarse cuanto antes.

Puntos de encuentro

También en clave provincial, aunque sin obviar la realidad autonómica, Podemos quiere abordar las necesidades latentes en los puntos de encuentro familiar. La existencia en la actualidad de tan solo tres centros en Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro resulta «insuficiente» si tenemos en cuenta la extensión territorial de la provincia. Por este motivo, Domínguez se mostró partidaria de atajar los «problemas de accesibilidad» mediante la implantación de un punto de encuentro en la comarca de Las Merindades y la prestación de servicios «itinerantes» en aquellas zonas más alejadas de las tres ciudades.

Por otro lado, Domínguez también advirtió la «carencia de personal» y el incumplimiento de la ratio establecida. Asimismo, señaló que la Consejería de Familia e Igualdad, donde precisamente se debatirá su propuesta, no ofrece datos fijos sobre el número de trabajadores escudándose en que «van variando». A esta «preocupación» de Podemos por la escasa garantía de empleos fijos se suma además el alto grado de voluntariado.

La formación morada registró hace un mes una proposición que aboga por el desarrollo de un plan «integral» para toda la región. De esta forma, lo que se pretende es incrementar la plantilla de psicólogos y trabajadores sociales porque se ven obligados a atender un «elevado» número de casos. La media, según los datos que maneja Podemos, se sitúa en alrededor de 100.000 al año en Castilla y León.

Pero no solo basta con promover más contrataciones dentro de estos dos departamentos. Domínguez también puso el foco sobre la ausencia de educadores sociales y juristas, encargados de gestionar las «recomendaciones legales» a familias que atraviesan una «situación judicial» a raíz de divorcios o denuncias por malos tratos. Asimismo, hizo hincapié en que no se cubren sustituciones y bajas laborales.

Finalmente, Domínguez expuso que la prestación de este servicio «privatizado», a cargo de la entidad sin ánimo de lucro Aprome, cuenta con «poca vigilancia» por parte de los Servicios Sociales. Así pues, «no tienen capacidad de control» sobre la gestión que se lleva a cabo de puertas hacia dentro.

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