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La provincia, prototipo de una red rural de seguridad de datos

La Diputación organiza una jornada para informar del inicio de un reglamento base que ayude a los municipios a cumplir la protección de datos de ciudadanos

M. M.
20/09/2019

 

La provincia de Burgos será protagonista del proyecto piloto con el que dar forma a una estructura, básica y general, que permita a los ayuntamientos del mundo rural adaptarse a la normativa de protección de datos, de obligado cumplimiento desde 2015, y poder certificarlo así ante el Gobierno Central corroborando con ello la total seguridad con la que hacen uso de los datos ciudadanos.

Así lo explicaban ayer el diputado provincial responsable del área tecnológica de la Diputación, el popular Arturo Pascual, y el jefe de este servicio, Javier Peña, en la jornada que organizó la Diputación en el monasterio de San Agustín con este fin.

Destinada a alcaldes, concejales y secretarios municipales (como principales agentes en la tramitación administrativa de los ayuntamientos), Peña recordó que si bien la Institución y los municipios tenían hechos los deberes en cuanto a vigilar que este uso fuera totalmente seguro para el ciudadano, «hace unos años el reglamento europeo de tramitación de datos trajo consigo cambios a los que adaptarse para después certificar que se han hecho, y se han hecho bien», afirmó.

En este proceso de adecuación, la Diputación abrió la puerta a adoptar el papel de ‘delegado de protección de datos’ -figura nacida con dichos cambios normativos-, para lo que debe haber acuerdos con los municipios dando su consentimiento. «Y es que son unos 26 tratamientos de datos los que de media hace un ayuntamiento de forma directa con sus medios, a los que se suman los que ellos delegan a otros, caso de la Diputación o empresas privadas contratadas para ciertos servicios», cifró Peña.

Por ello, se hace necesaria dicha adaptación, proceso que en la provincia se está haciendo por fases, siendo la actual la de conocer los medios tecnológicos con que cuentan los municipios burgaleses, así como trabas halladas en el camino y posibles formas de solucionarlas.

Modelo para todo el país

Pascual recordó que a modo de ‘avanzadilla’, varios ayuntamientos de diferente tamaño como Briviesca, Lerma o Tardajos entre otros, se han implicado en el proyecto de forma directa, «con la intención de que antes de concluir el año no sólo hayan adoptado los cambios sino que tengan la certificación como tales», deseó el responsable provincial.

Junto a Pascual estuvieron también David López y Carlos Córdoba, responsable de la empresa Cibergob (que asesora en la labor a la Diputación) y asesor del Centro Criptológico Nacional (CCN) respectivamente. Ambos destacaron la iniciativa puesta en marcha por la Diputación como «muy interesante, pues se creará ‘un paraguas’ regulador genérico bajo el que podrán ampararse los municipios, siendo ésta la provincia perfecta para ello al ser la que más municipios tiene de toda España, y de todos los tamaños y volumen poblacional», destacó Córdoba.

«Y es que todos tienen la misma obligación de adaptarse al esquema nacional de seguridad y pasar la certificación de que lo están haciendo bien», añadió López por su parte. «Pero el 85% de ellos son de pequeño tamaño y cuentan normalmente con menos medios tecnológicos o de personal». Realidad que «nos permitirá certificar ayuntamientos de pocos habitantes y hacer un esquema aplicable a otros similares», explicó López. «Pues el 85% de los más de 8.000 ayuntamientos españoles de pequeño tamaño y en ellos se podrá aplicar este esquema más genérico, acotando ya sólo a un 15% en toda España aquéllos en los que habrá que realizar una labor más específica», auguraron ambos expertos.

Como recordó Córdoba, el CCN es el organismo que se encarga de proteger la información de la Administración. «Pero lo que en principio fue sólo para la clasificada, en 2007 se amplió a la labor de todas las administraciones, por lo que se crearon una serie de medidas de obligado cumplimiento a través de una instrucción técnica del Ministerio de Administraciones Públicas donde marcó los deberes a realizar para proteger esta información».

Protección en la que también insistió la UE que trazó un reglamento que avalara la total seguridad en el tratamiento de los datos de los ciudadanos. «Al que siguió nuestra labor en el CCN de su adaptación a la normativa española», añade. «Iniciándose un proceso donde se hace una labor reguladora -marcando las pautas normativas que cumplir- ,y de concienciación tanto de los ciudadanos como de los municipios, que deben actuar con sensatez, unos en su casa y otros en sus ayuntamientos».

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