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Santamaría rechaza unir Treviño a Álava por respeto a Castilla y León

La vicepresidenta apela al autogobierno de Castilla y León, que garantiza los servicios en el enclave

Madrid
13/09/2017

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, rehusó ayer promover la anexión de Treviño a Álava por respeto al autogobierno de Castilla y León, que procura mantener igual que hace con el autogobierno vasco, e instó a los partidarios de esta solución a cumplir con los pasos legalmente establecidos para conseguirla, informa Europa Press.

Santamaría respondió así a una interpelación que le formuló el portavoz de Bildu (Grupo Mixto) en el Senado, Jon Iñarritu, quien dijo que lo normal es que el contencioso de Treviño hubiera sido resuelto hace tiempo con sentido común y criterio democrático, pasando al territorio de Álava.
Ante el último acuerdo de los dos plenos municipales del condado en este sentido, preguntó a Santamaría qué valoración hace el Gobierno y qué decisiones va a tomar para «acabar con este anacronismo», puesto que en el resto de enclaves en España no hay reivindicaciones ciudadanas para cambiar su estatus.

Iñarritu dijo que a los treviñeses no les ha supuesto ninguna ventaja pertenecer a Castilla y León, puesto que Vitoria está a 15 kilómetros del condado y los ciudadanos van a hospitales y centros educativos de Álava, y apeló a la racionalidad y la sostenibilidad a la que con frecuencia se invoca en el Senado tendrían una perfecta aplicación en este caso.

Por ser legítimo, legalmente posible y la voluntad de la mayoría de los habitantes, y no por asuntos identitarios sino la práctica de los servicios públicos, donde «la coordinación no funciona», llamó a corregir la Historia, dado que Treviño pertenece a Castilla desde que Alfonso VIII lo conquistó en el siglo XII, y a cambiar la disposición del Estatuto de Castilla y León que obliga a que la Junta informe favorablemente sobre la anexión a Álava para que ésta se consume.

Sáenz de Santamaría desmintió que en Treviño se den malos servicios públicos, puesto que su prestación es obligación de todas las administraciones y compromiso del Gobierno central.
Aseguró que la Junta de Castilla y León los garantiza, y se acogió a la multiplicidad de enclaves y a la mayor proximidad a capitales de otras provincias que tienen muchos municipios para pedir «precaución» a Iñarritu. Para ello, dijo, existen los convenios entre comunidades como los que han firmado la Junta de Castilla y León y el Gobierno vasco o las diputaciones de Burgos y Álava, cuyos esfuerzos reconoció, y por eso llamó al «diálogo» y el «entendimiento» para resolver la cuestión.

Santamaría, dejando atrás la Historia anterior, recordó que en la Constitución se establece que una ley orgánica ha de aprobar las alteraciones territoriales en España, y puso en pie de igualdad lo establecido en el Estatuto de Castilla y León y el Estatuto vasco, tras los cuales el Tribunal Constitucional estableció que ninguna comunidad puede imponer a otra la forma en que ha de disponer de sus enclaves.

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