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RIBERA

Sí se Puede exige controlar los contratos municipales

El Ayuntamiento todavía no ha decidido qué hará cuando acabe el contrato de la ORA

LORETO VELÁZQUEZ
16/02/2017

 

Cinco días después de que el equipo de gobierno se enterara `in extremis´ de la imposibilidad de prorrogar el contrato del servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública (ORA), que expira el próximo 1 de marzo, el grupo municipal de Sí se Puede ha registrado un escrito en el que piden el listado de todos los contratos que actualmente mantiene el Ayuntamiento de Aranda de Duero con empresas y que finalicen en 2017.

«Queremos estar vigilantes de que no suceda con otros contratos lo mismo que con el de la zona azul ya que el equipo de gobierno parece incapaz de vigilarlo», explica el portavoz de la formación morada en Aranda, Mario Martín Veganzones, mientras recuerda otros casos como el matadero. «Aunque no es igual, al final con la tramitación de la matriculación, no hubo tiempo de sacar el pliego y el contrato terminó dejando a los trece trabajadores en la calle».

Según sus cálculos los próximos contratos en concluir son el que regula la gestión de las piscinas de la Calabaza y Acapulco «que se va a llevar a la próxima comisión de Juventud», y el de Parques y Jardines, que se aprobó en 2014 por dos años con posibilidad de prorrogar otros dos. «Espero que la alcaldesa cumpla su palabra e investigue lo sucedido para depurar posibles responsabilidades», advierte.

Por el momento, el equipo de gobierno está centrado en buscar una solución al servicio de la ORA. «Estamos estudiando las opciones», asegura la alcaldesa, Raquel González. Sobre la mesa hay tres alternativas: dejar el servicio en ‘stand-by’ unos 9 meses hasta que se elabore un nuevo pliego y se adjudique el contrato; que el Ayuntamiento asuma de forma temporal el servicio contratando al personal necesario o que la empresa adjudicataria actual, Estaciones y Servicios, acceda a una prórroga «alegal», al no contar con el visto bueno técnico. Aunque se ha hecho en otras ocasiones, de elegir esta vía se podría correr el riesgo de enfrentarse a un procedimiento judicial si alguien denuncia. Para tomar una decisión, el equipo de gobierno ha solicitado la opinión de los técnicos.

Habrá que esperar a ver también si el Ayuntamiento exige a la empresa el reintegro del euro que estuvo cobrando de menos durante dos años en la anulación de las denuncias (la ordenanza estipula 5 euros y ellos cobraron 4) y si la empresa recurre el acuerdo por el que la Junta de Gobierno le obliga a devolver las comisiones que cobró de forma indebida a los usuarios que utilizaban la aplicación digital. Con el fin de cuantificar este último problema, el Ayuntamiento de Aranda solicitó a la empresa un listado de afectados. «Todavía no tenemos la cantidad», espera el concejal de Hacienda, Emilio Berzosa.

Este periódico intentó sin éxito conocer la versión de la empresa Estaciones y Servicios.

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