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Tribunal Constitucional

El TC admite a trámite el recurso por el impuesto a Garoña

La ley medioambiental de Castilla y León grava el almacenamiento de los residuos nucleares


09/10/2019

 

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite ayer el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, contra la ley medioambiental regional, 6/2018, del 13 de noviembre. Esta modificaba el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, entre los que se encuentra el almacenamiento de los residuos radioactivos de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), así como por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma en materia de tributos propios y cedidos, según un comunicado del Tribunal Constitucional.

El impuesto, que ha provocado polémica entre la Junta de Castilla y León y el PSOE, grava el almacenamiento temporal de residuos en la central nuclear burgalesa.

El Gobierno, por su parte, considera que la ley impugnada incluye un nuevo hecho imponible, lo que genera una «doble imposición». En el recurso de inconstitucionalidad, el Ejecutivo «no invoca los artículos 161.2 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por lo que no procede la suspensión de la vigencia del precepto legal impugnado».

El Tribunal ordenó que se dé traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que puedan personarse y formular las alegaciones que consideren convenientes. La sentencia que se dicte en su día la redactará el magistrado ponente Andrés Ollero.

La norma regional entro en vigor el 21 de noviembre del pasado año y se estimaba, que gracias al impuesto, se produciría una recaudación de unos 15 millones de euros que se destinarían a la zona de influencia y afectada por Garoña, la comarca burgalesa del Valle de Tobalina. Se trataba de una ley con un artículo y la incorporación de otro en el que se establecía que los ingresos procedentes del gravamen sobre las centrales nucleares se destinarían a la financiación de los programas de gasto de inversión en las zonas de influencia de estas plantas situadas en la Comunidad de Castilla y León, conforme se determinaba en las leyes anuales de presupuestos.

De esa manera, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio contendrían un anexo de inversiones específico donde se detallaría las actuaciones. Además, en el tercer trimestre de cada año la Junta remitiría a las Cortes de Castilla y León un informe de seguimiento de las inversiones programadas.

Según el acuerdo vía enmienda, serían responsables subsidiarios los accionistas de la persona jurídica propietaria de las instalaciones que generaban el hecho imponible cuando poseyeran un porcentaje de participación en el capital social superior al 5%. Así, la cuota tributaria en el gravamen sobre las centrales nucleares se cifraba en 6.000 euros por cada elemento de combustible gastado y depositado.

 

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