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RIBERA

Unanimidad política en Aranda contra el sellado del túnel de Somosierra

Todos los partidos suscriben una moción para que Fomento retire el hormigonado de sus dos accesos y reiteran su «compromiso» con el Directo / También piden que se regule la profesión de educador social

DIEGO SANTAMARÍA DIEGO SANTAMARÍA
28/06/2018

 

Como era de esperar, el reciente hormigonado de los dos accesos al túnel de Somosierra «sin mayores explicaciones» propició un aluvión de críticas por parte de los siete grupos con representación municipal en Aranda de Duero. No es por ello de extrañar que las quejas individuales hayan desembocado en una moción conjunta -planteada en este caso por el equipo de Gobierno y pendiente de aprobación en el pleno de hoy- para exigir la retirada del polémico sellado al Ministerio de Fomento.

A la hora de argumentar su petición, los partidos vuelven a poner de manifiesto que se trata de una «infraestructura fundamental» para que la línea férrea entre Madrid y Burgos con parada en Aranda «vuelva a recobrar su actividad». En cuanto a los «motivos de seguridad» con los que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) trataba de justificar la decisión, la moción sostiene que «un tapiado de esta envergadura pone aún más difícil la reanudación de la actividad ferroviaria». Asimismo, nadie duda de que la medida pudiera ser «irreversible» dado el riesgo de que «deteriore aún más la propia estructura del túnel».

Más allá del compromiso adquirido por el Ayuntamiento a la hora de «redoblar esfuerzos» en defensa del Directo con el fin de «contribuir al desarrollo económico y social de la zona», los grupos lamentan el «deterioro y abandono» de una infraestructura «estratégica» y «fundamental» para el «eje Norte-Sur» cuya inauguración, en 1933, supuso un «auténtico hito para la ingeniería de la época». Por desgracia, el hundimiento parcial de parte del túnel en 2011 se convirtió en la excusa perfecta para «interrumpir el servicio de la línea hacia el sur».

En esta nueva intentona, el Ayuntamiento volverá a trasladar sus pretensiones a Fomento, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Queda claro por tanto que nadie en la comarca pierde la esperanza en recuperar una línea férrea que en los últimos años ha sido objeto de múltiples reuniones entre representantes políticos y manifestaciones a pie de calle para exigir su reapertura.

Apoyo al pueblo gitano

La segunda moción que propone el equipo de Gobierno servirá para adoptar una «postura clara en contra del antigitanismo». De esta forma, los grupos municipales de Aranda se comprometen a luchar contra esta «forma específica de racismo» valiéndose de «instrumentos internacionales de derechos humanos», pues «no se debe permitir que las libertades políticas se utilicen indebidamente para explotar, provocar o establecer prejuicios fundados sobre la raza, color, origen étnico o nacionalidad», menos aún si lo que se pretende es «obtener la adhesión del electorado a tales prejuicios».

El acuerdo municipal no solo se limita a rechazar cualquier forma de «discriminación», «violencia», «acoso» o «incitación al odio». También promueve la negativa en firme a toda «alianza política o de cooperación» con cualquier formación o entidad que fomente tales prejuicios. Al mismo tiempo, los siete grupos firmantes tratarán de garantizar una «representación justa» de la comunidad gitana mediante el apoyo a la «incorporación» de candidatos de dicha etnia que deseen «desempeñar funciones políticas a nivel local y regional».

Por su parte, Izquierda Unida ha logrado convencer al resto de partidos para solicitar al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el desarrollo de una ley que regule la Educación Social como profesión, habida cuenta de que «cubre las necesidades y demandas de la ciudadanía y genera cambios sociales». El problema, tal y como detalla la moción, es que a día de hoy la «falta de regularización» de la figura del educador social «impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites», de tal manera que se favorece el «intrusismo» y la «falta de criterios» a la hora de «afrontar procesos públicos de selección».

 

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