Ballesteros sigue con "preocupación" el conflicto laboral de Scafo y anuncia sanciones si la empresa no cumple el contrato

Menos optimista parecía hoy el discurso de la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, en comparación con las palabras de su superior, la alcaldesa, Cristina Ayala, respecto al conflicto laboral que afecta a la empresa Scafo Eventos, responsable de los servicios técnicos del Fórum Evolución. La edil reconocía seguir con "preocupación" la evolución de unas conversaciones con la plantilla que, de momento, no parecen conducir a buen puerto.

El último intento de alcanzar un acuerdo, que tuvo lugar el pasado miércoles, se truncaba "al no llegarse a los mínimos" que los trabajadores entienden como "aceptables" para desempeñar su labor en unas condiciones laborales adecuadas. Por tanto, se mantiene la huelga programada para el próximo 1 de julio, jornada crítica, ya que ese día habrá de comenzar la preparación de la Copa del Mundo de Danza que acogen las instalaciones desde el 3. 

Al igual que Ayala, Ballesteros confía en un acercamiento entre ambas partes antes de ese momento que evite el paro. Aseguraba, además, que el contacto con la empresa es "directo y constante", pero insistía en que ProBurgos "no puede hacer nada más" que requerir, como ya ha hecho incluso por escrito, que se ejecute el contrato y se ofrezcan los servicios encomendados. 

"Si hubiera incumplimiento, porque todavía no lo ha habido, lógicamente se impondrán las penalidades que corresponden, según establece el propio pliego, que determina también los recursos humanos de los que debe disponer la empresa para desarrollar su trabajo", añadía.

Por su parte, la plantilla emitía un comunicado en el que recuerda sus demandas, tales como la aplicación inmediata del convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile, discotecas, locales de ocio y espectáculos de España, que la empresa se resiste a asumir antes de septiembre, la puesta en marcha de un sistema de fichaje oficial regulado y aceptado por la Inspección de Trabajo, la regularización de los contratos y entrega de nóminas a mes vencido y una comunicación fluida con la empresa.

Además, los trabajadores denuncian que la cesión de mano de obra para evitar las consecuencias de la protesta laboral es "ilegal". "Nos preocupa especialmente y así lo hemos transmitido en la negociación", apostillan.

Ballesteros recordó que el anterior contrato de servicios técnicos que también desarrollaba Scafo Eventos se resolvió en julio del año pasado: "Se licitó de nuevo y se aumentó un 43% el presupuesto base con respecto al anterior. El nuevo contrato se formalizó a finales de febrero de este año, cuando se cumplió con todos los requerimientos formales y jurídicos". Tales hitos se detallaban en el consejo de administración de ProBurgos celebrado esta misma mañana, dado el interés de todos sus integrantes en los pormenores del conflicto.