El Correo de Burgos

Juicios laborales fijados para 2027: FAE, CCOO y UGT denuncian la saturación al suprimir el refuerzo

Exigen al ministro restituir el juzgado de refuerzo en lo Social de Burgos. Al decidir no prorrogar el juzgado de refuerzo, Bolaños ha dejado a la ciudad sin capacidad para asumir el volumen de casos, generando retrasos que afectan a los trabajadores y las empresas

Los responsables de los dos sindicatos y la patronal, durante la firma del acuerdo del Diálogo Social con la alcaldesa de Burgos.

Los responsables de los dos sindicatos y la patronal, durante la firma del acuerdo del Diálogo Social con la alcaldesa de Burgos.SANTI OTERO

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Las Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), junto con las federaciones provinciales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han trasladado al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, su preocupación por la situación que atraviesan los Juzgados de lo Social en la ciudad y le han expresado su malestar por los retrasos acumulados tanto en la celebración de juicios como en la emisión de sentencias.

Hasta el mes de junio, Burgos disponía de tres juzgados de lo Social y un cuarto órgano de refuerzo que contribuía a aliviar la carga de trabajo. La decisión del Ministerio de no prorrogar este juzgado adicional ha provocado, según explican las organizaciones en una carta remitida al ministro este martes, un colapso inmediato en el sistema. Todos los señalamientos que estaban previstos en ese órgano han quedado suspendidos y se han sumado al calendario de los juzgados ordinarios, que ya venían funcionando al límite de su capacidad.

La acumulación de causas ha provocado que los procedimientos se estén fijando, en el mejor de los casos, a partir de septiembre de 2026, y en algunos supuestos ya se están programando para 2027. Esto deriva en demoras que superan con creces el año de espera tanto para la celebración de vistas como para la resolución de los casos. Las tres entidades del diálogo social advierten además de que esta dilación afecta incluso a procedimientos que deberían resolverse con carácter preferente, como es el caso de sanciones o despidos.

Desde FAE, CCOO y UGT critican que la inacción de Justicia deriva en que “la tutela judicial efectiva no se está cumpliendo” y aseguran estar recibiendo quejas constantes por parte de trabajadores, empresas y profesionales jurídicos que, día a día, se enfrentan a este atasco en la jurisdicción social.

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