El PSOE calcula que los impagos en Servicios Sociales por servicios sin contrato llegan a 3,8 millones de euros
La viceportavoz socialista, Sonia Rodríguez, asegura que la situación es insostenible para las empresas y entidades sociales que están prestando los servicios, como es el caso de la gestión de los centros cívicos, con 2,6 millones acumulados en atrasos

La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, conversando con un grupo de niñas en el centro cívico de San Agustín.
El grupo municipal socialista critica el progresivo deterioro en la gestión de los contratos y en el pago de las subvenciones que competen a la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos. La viceportavoz socialista, Sonia Rodríguez, alerta del malestar de las empresas y de numerosas entidades por los retrasos en los pagos, en algunos casos comprometiendo la viabilidad de distintos servicios en función de si son empresas grandes que pueden aguantar más tiempo o si se trata de entidades sin ánimo de lucro, que se ven entre la espada y la pared.
La socialista destaca varios casos de servicios que se están prestando sin contrato porque ya caducó y concreta que hay 3,8 millones de euros impagados que siguen en manos del Ayuntamiento, y no de las empresas o entidades.
Los más llamativos para la concejal socialista son el de gestión de centro cívicos, que desarrollan en cinco lotes las empresas Sedena y Arasti Barca, ya que el Ayuntamiento de Burgos estaría adeudando, hasta octubre de este año, 2,6 millones de euros.
A la Fundación Lesmes, por el programa Dual de erradicación del chabolismo, le debería el Ayuntamiento 450.000 euros por impagos desde abril de 2024, 18 meses.
En el caso del Programa de Envejecimiento Activo, cuyo contrato caducó en octubre de 2023 y lo llevan las empresas Sedena y Arasti Barca, la deuda municipal asciende a 285.000 euros. Rodríguez explica que la tramitación específica que conllevan los reconocimientos extrajudiciales de crédito «se alargan de manera muy llamativa» y tener estos atrasos es «insostenible» para cualquier entidad social y para cualquier empresa.
Desde el PSOE contabilizan 14 servicios sin contrato, una lista que no deja de crecer, que representan un presupuesto de 7 millones de euros, aunque indican que hay servicios que se están pagando de forma más adelantada que otros.
Además de los cuatro en los que ha mencionado retrasos e impagos, ha recordado que están caducados los contratos de los Equipos de Inclusión Social, desde el 31 de diciembre de 2024, el de cuidados a la infancia, desde el 30 de abril de 2025, el de los huertos de ocio de Soto de Don Ponce, desde el 31 de agosto de 2025, y el de la Casa de Acogida para Enfermos de VIH, que finalizó el 30 de noviembre, entre otros.
Rodríguez lamenta que el equipo de Gobierno del Partido Popular no tiene «propósito de enmienda», a pesar de que salió aprobada, con el apoyo de Vox, una propuesta socialista que pretende facilitar la gestión de subvenciones y convenios, a pesar de que otras instituciones como la Diputación Provincial trabajan en esa línea. «No nos consta que se haya avanzado a pesar de que se dijo que se iba a pedir unos informes a Intervención y Secretaria Municipal», indicó.
Aprovechando el final de año, la edil ha realizado un balance de lo acontecido en la Gerencia de Servicios Sociales y sostiene que 2025 es «un año de récord en mala gestión» por parte PP. A estas alturas de diciembre, solo una de las 11 líneas de concurrencia competitiva se ha aprobado, lo que significa que están sin resolver ayudas por un valor de 970.000 euros.
Lo más grave, en palabras de Rodríguez, es que en muchos casos las asociaciones ya han realizado las actividades y no tienen asegurado que vayan a recibir la ayuda en cuanto que compiten entre ellas por las subvenciones. Afecta a las líneas de cooperación al desarrollo, de emergencia, de sensibilización, a organizaciones de igualdad, a asociaciones juveniles, inclusión social, inmigración, autoempleo, discapacidad y empresas de inserción.
La viceportavoz asegura que la presidenta del consejo de administración, la concejala Mila del Campo, ya les ha avisado al resto de grupos que podría convocarse algún consejo extraordinario de cara a final de año, como ya sucedió el año pasado, para aprobar las 11 líneas de subvenciones. «Las organizaciones sociales nos trasladan su inquitud y malestar porque la mayoría de las actividades ya las han celebrado y el pago está en el aire», relata.