«Medicina elevará en cuatro millones el gasto anual de la UBU, pero será muy rentable socialmente»

En apenas un año al frente de la Universidad de Burgos, José Miguel García (catedrático de Química Orgánica con dilatada trayectoria en la investigación) ha afrontado algunos de los retos más relevantes para el futuro de la institución, desde sentar las bases para el inminente despliegue del grado de Medicina hasta la reforma estatutaria cuyo proceso acaba de comenzar, sin ir más lejos. Convencido de que «la Universidad no puede trabajar aislada», el rector defiende una transformación hacia una universidad de cuarta generación en la que «el corazón es la inserción en la sociedad». Aspira a ceder como legado, cuando toque, dentro de cinco años, «una UBU ágil, dinámica y enraizada en nuestro entorno», con una toma de decisiones más rápida sin perder su carácter democrático, capaz de responder a las necesidades sociales y económicas imperantes, y, además, que forme a los alumnos «no solo técnicamente, sino también en valores y habilidades sociales», incorporando a los futuros titulados desde los primeros cursos a la investigación y a la innovación. El listado de tareas es ambicioso, pero tras lo vivido y gestionado estos meses, poco le asusta.

PREGUNTA.- ¿Cómo valora este primer año? ¿Qué le ha sorprendido, tanto para bien como para mal?

RESPUESTA.- Ha sido un año muy intenso, sin duda, para la universidad en general y, de manera muy específica, para el equipo de Gobierno: los vicerrectores, el secretario general, la gerencia y, por supuesto, para mí como rector. Hemos hecho muchísimas cosas, y además muy rápido. Algunas de las decisiones que hemos tomado y ejecutado, como todo lo relacionado con la implantación de Medicina, si se analizan fríamente, parecen imposibles en tan poco tiempo. Sin embargo, lo hemos conseguido, avanzamos con una rapidez extraordinaria. Tomé posesión en enero y desde entonces hemos diseñado la memoria, fijado el espacio donde se va a ubicar el grado: en el Divino Valles, propiedad de la Diputación y cedido al Sacyl, y hemos conseguido revertir esa cesión para que pase a la Universidad. Después se llevó a cabo la desagregación catastral para que el espacio esté a nombre de la Universidad y elaboramos una memoria complejísima mano a mano con el Colegio Oficial de Médicos, con profesionales externos como el anterior decano de Medicina de Valladolid y con otros asesores. Ya tenemos una evaluación favorable con condiciones por parte de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Ahora simplemente tenemos que responder a esas condiciones, que en su mayoría son muy razonables y que mejoran el título. Así que todo indica que podremos empezar el próximo curso. Ha sido un movimiento absolutamente acelerado, posible gracias a una conjunción total: la ciudad y la provincia, las administraciones, la sociedad civil y el Colegio de Médicos. El trabajo y el compromiso de mucha gente lo han hecho realidad.

P.- ¿Y lo negativo?

R.- Nada especialmente. El cargo implica una carga de trabajo elevada, pero eso ya lo sabía. Quizá lo más difícil es comprobar que hay procesos administrativos dentro de la propia universidad que son muy lentos y estructuras que necesitan afinarse. Estamos en un proceso de reforma estatutaria para mejorar.

P.- Hablaremos de ello. Pero antes, de vuelta a Medicina, mencionaba que la evaluación de la Acsucyl ha sido favorable con condiciones. ¿Puede concretar alguna de ellas y en qué punto exacto se encuentra el despliegue?

R.- Distinguimos tres fases: la administrativa, la de infraestructuras y la de despliegue académico. En la primera estamos cerrando el proceso de autorización. Enviamos la memoria en septiembre y recibimos la evaluación favorable con condiciones. Ahora debemos responder a esas condiciones, que en muchos casos son cuestiones menores, como reorganizar asignaturas por semestres o garantizar determinados compromisos de contratación de profesorado, algo que la Universidad puede asumir sin problema. También contamos con el compromiso de financiación por parte de la Junta, que es lo más relevante. En cuanto a infraestructuras, somos conscientes de que el edificio de Divino Valles puede no estar listo para acoger a los primeros alumnos en septiembre, porque las obras son complejas. Tenemos un plan que sigue adelante, con la licitación de la habilitación de la octava planta, donde se ubicarán laboratorios y aulas. El proyecto completo se ejecutará en tres años, repartidos en cuatro anualidades presupuestarias, ya que la implantación del grado es progresiva. Mientras tanto, contamos con la mayoría de los laboratorios necesarios en otras facultades. El único que no tenemos es el de Anatomía, para el que ya estamos trabajando en la adaptación provisional de un espacio en Ciencias de la Salud, en el recinto del Hospital Militar, con equipamiento que ya se está licitando. Puede requerir algo de logística al inicio, pero lo importante es arrancar. La mayoría de titulaciones no empiezan donde acaban ubicándose definitivamente, y eso no es un problema. En cuanto al despliegue académico, comenzaremos con 72 estudiantes de nuevo ingreso, que es lo que recoge la memoria, previsiblemente en septiembre de 2026.

P.- ¿Qué inversión y qué plantilla va a exigir la puesta en marcha?

R.- Es un título con una ratio muy elevada: aproximadamente dos profesores por cada cinco alumnos. Es especialmente costoso desde el punto de vista económico, aunque muy rentable socialmente. En cuanto a inversión, hemos incluido dos millones de euros en los presupuestos de 2026 para iniciar las obras. La inversión total en infraestructuras se estima en unos 21 millones de euros.

P.- ¿Habrá problemas para encontrar profesorado suficiente?

R.- No lo creemos. La profesión médica está muy vinculada a la docencia y tiene una fuerte vocación formativa. La respuesta inicial ha sido de hecho superior a la que esperábamos. Además, hemos puesto en marcha mecanismos de apoyo para que los profesionales puedan acreditarse. También trabajamos para atraer talento investigador desde otros países.

P.- Cuando el grado esté plenamente implantado, ¿qué impacto tendrá en el presupuesto de la UBU?

R.- Supondrá, aproximadamente, cuatro millones de euros adicionales al año. Es una apuesta importante, pero hay que tener en cuenta que la universidad genera un impacto económico directo en la ciudad de unos 260 millones de euros anuales. La mayoría procede de personas que vienen de fuera y se quedan a vivir aquí: estudiantes, trabajadores, personal docente, personal de investigación. Tenemos unos 1.400 trabajadores estructurales y alrededor de 400 investigadores financiados a cargo de proyectos. A eso se suma el impacto indirecto, especialmente si los estudiantes se quedan en el territorio.

P.- Junto a Medicina, hay otros frentes abiertos como el despliegue de Matemáticas, grado recién implantado. ¿Qué balance hace y qué planes hay a medio plazo?

R.- Hemos empezado este año con Matemáticas, un grado muy demandado por la industria, especialmente en su vertiente aplicada, vinculada a la computación, los datos y la inteligencia artificial. Empezamos con 25 estudiantes, con algo de margen, y nos gustaría doblar ese número cuando el grado esté más consolidado. Porque, tras la puesta en marcha de Medicina, creemos que es momento de reposar y consolidar lo que ya tenemos antes de abrir nuevos frentes.

P.- Pese al auge global de matriculaciones, algunas titulaciones, como Ingeniería Agroalimentaria, registran menos demanda de lo deseado. ¿Se prevé replantearlas o darles mayor visibilidad?

R.- Cada caso es particular. Hay titulaciones, como la que indicas, con empleabilidad del 100% que además es clave para el desarrollo del medio rural y la lucha contra la despoblación. Si la comparamos con años anteriores o con otras universidades, la situación no es negativa, pero nuestro reto, sin duda, es potenciar su atractivo. No obstante, queremos revisar todas con estudiantes, profesorado y empleadores. Ya hemos terminado el análisis de las cinco primeras, entre las que están la mencionada, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Relaciones Laborales o Español y presentaremos un plan de acción en el próximo Consejo de Gobierno. El objetivo es hacerlo con todos los grados en los seis años de mandato.

P.- ¿Qué valoración hace del grado de Piloto?

R.- Este año hemos graduado a la primera promoción. Es un título propio que está en su cuarto año de implantación. Actualmente, tenemos 36 estudiantes y nos gustaría llegar a unos 50, que es el límite máximo. Somos el grado de Piloto con mayor número de estudiantes de Europa, lo cual es un dato relevante. Queremos completar esta formación con otras vinculadas al sector aeronáutico y preparar a tripulantes de cabina, controladores aéreos y mecánicos de aviones.

P.- En su toma de posesión definió metas ambiciosas, como transformar la institución en una universidad de cuarta generación. ¿De dónde surge esa intención y qué pasos se han dado para materializarla?

R.- Ese propósito es muy amplio y está relacionado con varios ejes. Por una parte, con la administración electrónica, en la que ya trabajamos, y con una cierta desburocratización. La burocracia es necesaria para dar seguridad jurídica, pero hay que minimizarla. El corazón de la UBU 4.0 es su inserción en la sociedad. No se trata solo de dar respuestas, sino de apoyar, de ir de la mano, de empujar de forma absolutamente colaborativa. Ha ocurrido, por ejemplo, con Medicina y con Matemáticas, una formación que se ha diseñado en diálogo con las empresas. También el tercer sector, que es muy potente en Burgos, forma parte de esta concepción y nos sentimos muy cómodos colaborando con él. La Universidad 4.0 requiere además una administración distinta, una estructura más ligera y una toma de decisiones más ágil.

P.- Eso nos lleva directamente a la reforma estatutaria que está en ciernes. La votación del inicio del proceso fue ajustada. ¿Está preparado para convencer a los más reticentes? ¿Qué persigue este nuevo estatuto?

R.- La votación fue ajustada porque probablemente no se entendió bien qué se estaba votando. No se votaba el borrador, sino el inicio del proceso. Según nuestros estatutos, puede iniciarlo el rector, el claustro o el Consejo de Gobierno, y el órgano que lo inicia debe presentar un texto articulado, es decir, un borrador. Eso fue lo que se presentó. No se debatía el contenido, sino si el órgano estaba legitimado y si existía ese texto articulado, fuera bueno, malo o regular. Dicho esto, el texto incluye una reforma importante de la estructura de la UBU y cualquier reforma genera miedo. Ahora el proceso sigue su cauce: habrá una comisión de estatutos que emitirá un informe, después se discutirán enmiendas y finalmente se votará un texto definitivo que deberá ser aprobado por tres quintos del claustro.

P.- Aclarado este punto, vayamos al contenido. ¿Qué argumentos va a defender para convencer?

R.- La Ley de Universidades salió con una oposición prácticamente unánime por parte de las universidades, y tiene muchas cosas malas, pero también algunas buenas. Una de ellas es el mandato único de seis años para el rector. Otra es que permite a las universidades definir su propia estructura, transformarse en lo que quieren ser y no en lo que otros decidan que sean. Nosotros queremos ser una universidad ágil, dinámica, enraizada en su entorno, que dé respuestas y que tenga una toma de decisiones más democrática, pero también más eficaz y rápida, con menos burocracia. Por eso proponemos una estructura en la que las áreas sean realmente dinámicas. Serán el marco donde se tomen decisiones docentes. En ellas estará todo el profesorado, con capacidad real de decisión. Esas decisiones se elevarán luego a las juntas de facultad o de centro y a los decanatos o direcciones. Las juntas de facultad también cambian: serán más amplias y estarán integradas por todo el profesorado permanente, una representación importante del profesorado no permanente, del PTGAS y del alumnado. Es decir, seguirá siendo un órgano muy democrático, pero más operativo. El Consejo de Gobierno también será distinto. Pasará de unos treinta y tantos miembros a más de cincuenta, en función del número de facultades. Incluirá miembros natos, como todos los decanos (que ahora no están) o el presidente del Consejo de Estudiantes, y siempre por razón del cargo, no de forma nominal. Además, se refuerza la estructura de gestión. Se reconocerá la dirección de áreas, que ahora apenas lo está, y también la figura de los coordinadores de título, que tienen mucha carga de trabajo y poco reconocimiento. Es un cambio importante y es lógico que genere vértigo, pero en realidad refleja en buena medida cómo ya estamos trabajando.

P.- En su discurso de investidura también habló de potenciar la innovación. ¿En qué punto se encuentra la mejora de esta área?

R.- Hasta ahora, la misión de la universidad se dividía en docencia, investigación y transferencia de conocimiento, pero este es un esquema compartimentado del siglo pasado. Hoy la innovación lo engloba todo y todo está interconectado. Ese es el enfoque europeo actual. De hecho, la financiación del próximo programa marco va en esa línea. La innovación incluye el impacto en la sociedad, lo que piensan las empresas, los empleadores, el tercer sector o la administración. Si los estudiantes se incorporan desde el primer año a grupos de investigación, verán investigación, protagonizarán transferencia de conocimiento y tendrán contacto con empresas desde el principio. Por eso hablamos de un espacio de innovación que va más allá de compartimentos estancos.

P.- En el ámbito de la investigación en concreto, ¿cuáles son los principales retos? ¿Se conoce suficientemente la labor investigadora de la UBU?

R.- El marketing es una de las peores cosas que hacemos las administraciones en general. Deberíamos vender mejor lo que hacemos. Aun así, hemos mejorado mucho gracias a una Unidad de Cultura Científica e Innovación, que es referente en España. El gran reto es alinearnos con Europa. Y ahí surge la cuestión de la investigación en tecnología dual, con aplicaciones civiles y militares. Tenemos que definir nuestro posicionamiento. Es una cuestión ética y estratégica que debemos abordar este año, máxime en un contexto geopolítico tan complejo como el actual.

P.- ¿Qué escenarios se abren?

R.- Hasta ahora existía una limitación ética personal respecto a la investigación militar, pero el contexto ha cambiado. Tenemos que pensar cuál es nuestro papel en este sistema de capas. Europa va a priorizar determinadas líneas en el nuevo programa marco. Siempre con la ética como eje. Las universidades debemos ser parte activa del sistema.

P.- Otro asunto clave es la financiación. ¿Cuál es la situación real?

R.- Las universidades españolas estamos infrafinanciadas en comparación con otros países, aunque nuestro rendimiento es muy alto. La ley fija como objetivo el 1% del PIB y estamos aproximadamente en la mitad. Pero hay que distinguir entre financiación basal y fondos finalistas obtenidos por proyectos, que no pueden destinarse libremente a lo que se quiera. Eso limita mucho. En nuestro caso, además, venimos de una estructura heredada de la Universidad de Valladolid, con mucho profesorado centrado en docencia y no en investigación, lo que condicionó la financiación inicial. Ese perfil está cambiando, pero aún estamos en una fase de crecimiento que durará unos diez años, hasta alcanzar una estabilidad comparable a la de otras universidades.

P.- ¿Cuál es la exigencia concreta?

R.- Más que una cifra, reclamamos un modelo distinto. Queremos una financiación basal suficiente y, sobre ella, una financiación por incentivos. Nosotros sabemos competir. Esa parte competitiva permitiría además a la administración definir qué modelo universitario quiere. Internamente ya lo hacemos, porque evaluamos a los grupos por su rendimiento según criterios definidos y los financiamos en función de ello.

P.- Otro gran proyecto de futuro es el Hospital de la Concepción. ¿Cómo avanzan las obras y qué albergará?

R.- A las obras les quedan unos tres años. El contenido está definido. Queremos llevar actividad al centro de la ciudad. Trasladaremos allí la formación no reglada, que suma un millar de alumnos, la Fundación de la Universidad, asociaciones de estudiantes, un punto de atención al alumno, ensayos de orquesta, coro, danza... Será un contenedor cultural más de la ciudad, con exposiciones permanentes e itinerantes. El objetivo es generar movimiento y revitalizar una zona ahora apagada.

P.- En cuanto a otras infraestructuras, ¿en qué punto están la incubadora de hidrógeno verde y la recuperación del antiguo Hospital Militar?

R.- La incubadora ya está en marcha. El Ayuntamiento va a licitar la obra pronto. La gestión será compartida entre la Cámara de Comercio, la Fundación Caja de Burgos, la Universidad y el Ayuntamiento. Estará junto al CIBA y será un edificio singular. En el Militar queda por rehabilitar la parte frontal, la iglesia y un barracón. También hay una zona de antiguos quirófanos pensada para futuros laboratorios. Ahora mismo el foco está en habilitar el laboratorio provisional de Anatomía para Medicina. El resto tendrá que esperar.

P.- ¿Está garantizado el relevo generacional del personal de la UBU?

R.- La plantilla está envejecida, es cierto. La edad media ronda los 54 o 55 años, aunque hemos comenzado una fase de rejuvenecimiento, a través de programas como el María Goyri, creado precisamente con este objetivo. En ámbitos tecnológicos es más difícil captar profesorado por la competencia de las empresas, pero hay vocación. Trabajamos también con otros programas como Ramón y Cajal, Juan de la Cierva o Beatriz Galindo para atraer talento internacional. Un ejemplo paradigmático es el de Cristina Valdiosera, investigadora mexicana que vino de Australia. Son piezas de un puzzle que sabemos encajar.