Transportes adjudica la actualización del tramo de la A-11 entre Castrillo y Valladolid, 8 años después de aprobar el proyecto

Nuevo retraso en la ejecución del tramo de la A-11 entre Castrillo de la Vega y Valladolid. Ocho años después de aprobar el proyecto, el Ministerio de Transportes, que dirige Óscar López, ha adjudicado por 2,6 millones de euros (IVA incluido) el contrato para la actualización de los proyectos de trazado y constructivos, con el fin de adaptarlos a los cambios aprobados en la legislación y en la normativa aplicable desde la fecha en la que se autorizó su redacción y conforme a los ajustes de trazado realizados durante la tramitación ambiental.

El anuncio de esta adjudicación, previamente licitado, se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Según explica el Ministerio, y como bien saben todos los usuarios de esta peligrosa N-122, la Autovía del Duero constituye el eje vertebrador de gran capacidad de la cuenca del Duero, desde el límite oriental de Castilla y León, en Soria, hasta la conexión con Zamora y el Norte de Portugal.

En detalle, este tramo contará con dos calzadas, con dos carriles cada una. Tiene una longitud aproximada de 12 km entre Castrillo de la Vega, donde enlaza con el tramo adyacente de la A-11 'Conexión Variante de Aranda', con la carretera N-122 en Castrillo de la Vega (actualmente en ejecución), y el límite provincial de Valladolid, donde continuará con el tramo contiguo 'Límite provincial de Burgos – Quintanilla de Arriba', “cuyo proyecto de trazado y constructivo también se actualizará”.

El presupuesto estimado de las obras en este tramo es de 116 millones de euros.

El Ministerio coincide en la importancia de dar solución a la N-122, una carretera caracterizada por “un tráfico muy elevado de vehículos pesados (en torno al 30%), que dificulta la circulación, ya que éstos circulan a menudo en forma de convoyes”.

“Esta circunstancia dificulta ciertas maniobras para el resto de los usuarios, como son el adelantamiento y el cruce”, señalan, a sabiendas de que, como consecuencia, también se reduce la velocidad de la circulación, incrementando los tiempos y los costes del transporte, y afectando a la seguridad viaria, “ya que las grandes dimensiones de los vehículos pesados dificultan o restringen la visibilidad para el resto de los vehículos”.

Desde el Partido Popular, el senador Javier Lacalle critica este nuevo retraso, que, en su opinión, se debe a la tardanza de un proyecto que se aprobó en 2017 y se guardó durante años “en un cajón”. También lamenta la falta de diligencia a la hora de licitar la actualización. “Han tardado un año entero”, rechaza, al recordar que se aprobó en diciembre de 2024. “La propuesta para adjudicar estaba en julio, pero no han firmado hasta ahora”.

En su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez “no tiene prisa”. “Mientras tanto, la gente sigue muriendo en esa nacional”.