El Pleno arranca el compromiso de tener el informe de la calle Vitoria en un año

Casi, casi... pero no. «Me da pena y vergüenza que los dos grupos mayoritarios no lleguen nunca a un acuerdo aunque ambos saben que es un proyecto importante para los burgaleses». Así resumió el edil de Solución Independiente (SI), José María Peña, la larga discusión entre PP y PSOE que suscitó la proposición de éste último en el Pleno de ayer, de iniciar cuanto antes el estudio de la viabilidad de la construcción de aparcamientos en el tramo de la calle Vitoria a su paso por Gamonal. Aunque la propuesta socialista fue finalmente rechazada -y con la abstención de SI aburridos de tanto cruce de reproches-, del Pleno sí salió el compromiso del PP de encargar  ese estudio la próxima semana y de tenerlo en un año.

Así, el concejal del PP, Javier Lacalle, basó su voto en contra al rechazar la coletilla 'en un mes' incluida en la propuesta del PSOE «por la imposibilidad de realizar dichos trámites en ese tiempo», y recordando además, que el principal proyecto en el que está inmersa ahora la ciudad es el bulevar. Por otro, el socialista Ángel Olivares, insistía en pedir que la redacción de dicho estudio «se encargue mediante un concurso que abra las puertas a nuevas ideas, porque ustedes volverán a dejarlo en manos de los mismos de siempre, como Prointec»auguró, criticando al PP su falta de interés.

Añadió además que la actuación podría hacerse en fases «marcadas por las posibilidades económicas del Ayuntamiento», sobre todo ahora que ya funciona una ronda norte que saca gran parte del tráfico de la ciudad y que el tramo sobre el que actuar -deTelefónica a calle Juan Ramón Jiménez- ya no es estatal. «Pero si hay que esperar a que esté en marcha el bulevar, como usted dice, este arreglo no se hará antes de 7 u 8 años como mínimo, a pesar de influir en las vidas de un tercio de los burgaleses y hablar de un coste que supone la tercera parte de los 140 millones del bulevar», criticó Olivares.

Sorprendente unanimidad

Este choque fue así el primero tras un sorprendente consenso con el que se abrió el Pleno, al proponer conjuntamente la declaración del año 2010 como Año del Comercio de Burgos, «que se traducirá en un Plan de Comercio y variadas actividades para promocionar y destacar la labor de los comerciantes de la ciudad a la hora de fomentar una ciudad de calidad», detalló la edil de Comercio, Pilar Martínez.º

Esta unanimidad de todos los grupos se logró también al aprobar la modificación del Plan General que permita la construcción de una nueva rotonda de acceso al futuro nuevo hospital, la aprobación definitiva del estudio de detalle de la actuación en la calle La Puebla -promovido por el Ministerio de Defensa-; en la aprobación definitiva del proyecto de ocupación directa de los terrenos afectados por el bulevar en su tramo 5 entre calle Casillas a Glorieta de la Cartuja (pedido desde el consorcio del tren), o en la propuesta de terminación del expediente de ocupación directa para lograr los terrenos afectados por el tramo 1 del bulevar, cerca de la vieja estación.

Sin embargo, la concordia duró poco tras la proposición que defendió el socialista Antonio Fernández Santos, y que sin embargo no logró el visto bueno plenario al no convencer ni a PP ni a SI, que votaron en contra. En ella se pedía al Pleno aprobar la inclusión de una cláusula en las adjudicaciones de contratos municipales por la cual se pudiera rescindir el contrato con las escogidas en caso de incumplir el convenio laboral con sus empleados y después de que una sentencia judicial reafirme dicho incumplimiento. «El Consistorio podrá así rescindir dicho contrato, sin tener que soportar a una empresa por tener las manos atadas», argumentó el concejal socialista.

Sin embargo, tanto el concejal popular Ángel Ibáñez como Peña (SI), respondieron a Santos alegando que se trataban dos cuestiones diferentes, recordando que el contrato se establece entre el Ayuntamiento y la empresa y no con los trabajadores de ésta. «Mientras que la relación entre ellos dos, la marcan los convenios existente de cada sector y el Estatuto de los Trabajadores, detalló el edil popular.

«Además, se corre el peligro de que dicha cláusula pudiera ser usada por una empresa poco interesada en seguir con dicho contrato», advirtió a su vez Peña.180.000 euros de intereses que reclamar a la Junta