La Policía Local no asumirá diligencias de delitos de tráfico y de malos tratos

R. TRAVESÍ / Burgos

Nueve ayuntamientos de España ya han suscrito un convenio con el Ministerio del Interior para que las policía locales puedan asumir competencias en los delitos de tráfico y dentro del ámbito de violencia doméstica.El último Valladolid y Burgos no será el siguiente. Los agentes de la Policía Local de la capital mantendrán sus actuales funciones y no se harán cargo de estas diligencias judiciales. El motivo es tan simple como que este traspaso de competencia, que ahora desarrolla la Policía Nacional, no viene acompañado de contraprestaciones, ni económicas ni material ni en recursos humanos.

La concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Gema Conde,   reconoce que los policías locales son los que están más próximos a la ciudadanía pero se niega a destinar un número de agentes para que desempeñen funciones de Policía Judicial «si no hay nada a cambio». Y lo justifica porque de ser así «hay que hacerlo en condiciones», con la creación de una unidad especializada de violencia de género, a la que habría que destinar una serie de agentes.

De todos modos, el Ayuntamiento continuará con la colaboración que presta al Cuerpo Nacional en las detenciones, aunque los funcionarios del Estado son los encargados de formular las denuncias y realizar las investigaciones sobre los delitos contra la seguridad del tráfico y la violencia de género. Es decir, labores de Policía Judicial.

Conde explica que se trata de un asunto que abordó la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Federación Estatal de Municipios y Provincias (FEMP). En su momento, se habló de que el Ministerio podría colaborar en formación o material pero finalmente no cuajó porque había recortes económicos en el Ministerio.

En el caso de Valladolid, el convenio estará en marcha en dos meses y habrá una treintena de agentes municipales para funciones de Policía Judicial, ya sean para casos de violencia doméstica o de género, quebrantamientos de condena de órdenes de alejamiento así como delitos de tráfico (velocidad excesiva, conducir sin carné o borracho).