«No es momento de afrontar las transferencias»

M. R. / Burgos

La crisis económica, que está suponiendo un replanteamiento de la financiación de los servicios públicos, va a marcar también el que ya es el tercer mandato de Juan Miguel Carreras en la Audiencia Provincial. Para empezar, ya sabe qué distribución jurisdiccional para la provincia plantea el órgano de Gobierno de los jueces, reducir a más de la mitad los partidos judiciales. Gestionar ese  cambio será uno de sus retos.

Pregunta.-¿Qué balance hace de su segundo mandato al frente de la Audiencia Provincial?

Respuesta.-Creo que es razonablemente satisfactorio. Estos años creo que ha evolucionado sustancialmente la administración de Justicia en Burgos. Se ha consolidado la planta judicial, en jurisdicciones especializadas como Mercantil, Familia, Violencia de Género, con una razonable planta en los juzgados de lo Social y lo Contencioso. Y en el aspecto gubernativo se ha avanzado. Tenemos consolidado el edificio de Reyes Católicos y tenemos para inaugurar y para empezar el edificio del paseo de la Isla. Las infraestructuras son razonablemente aceptables, así como la planta judicial. El tiempo de respuesta, con algunas limitaciones, en la Audiencia Provincial es aceptable. Las secciones civiles, por ejemplo, están señalando para abril, a un mes y medio vista. Ha habido un trabajo continuado y solvente y así ha sido reconocido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

P.-¿Cómo es el estado de las infraestructuras judiciales de la provincia?

R.-Se ha ido avanzando. Está terminado y en funcionamiento el juzgado de Salas, está en fase de construcción en Briviesca. En Miranda, la comisaría tendrá sus propias dependencias por lo que será ya edificio judicial y se ha organizado adecuadamente la planta. El juzgado de Lerma todavía ocupa unas dependencias municipales quizá no adecuadas. Pero es un tema más complejo porque en estos momentos están en revisión los partidos judiciales y reconsiderándose por el CGPJ más de 200 partidos judiciales en España, porque alguno será reconsiderado en Burgos [el pasado viernes, el CGPJ publicaba un informe que plantea la reducción de siete a tres los partidos judiciales de la provincia]. En mi informe de la memoria se pueden ver unas líneas de mejora y de reforma, entre ellas la revisión de los partidos judiciales.

P.-¿Se concentrarían partidos judiciales?

R.-Sería optimizar los efectivos personales y materiales mediante, efectivamente, la concentración y racionalización tanto de personal como de infraestructuras. Hay partidos judiciales en la provincia que realmente tienen una muy escasa carga de trabajo y supone en esta época de crisis una cierta incongruencia que se estén nombrando jueces de refuerzo en lo Contencioso-Administrativo o de lo Social y que luego haya partidos judiciales con una carga de trabajo pequeña.

P.-Ligado a este debate se ha planteado la supresión o reducción de los Juzgados de Paz

R.-En el ámbito de la reorganización territorial hay tres líneas de trabajo. Primero, revisar los partidos judiciales. Se trata de saber si hay que tener en el siglo XXI una organación territorial del siglo XIX, con los medios actuales. La segunda línea de trabajo es las agrupaciones territoriales, vinculadas precisamente a la Justicia de Paz. No tienen sentido las agrupaciones municipales dotadas de varios funcionarios con una carga de trabajo prácticamente pequeña. Precisamente para eso estamos haciendo grandes servicios comunes en la ciudad y se implantarán en los partidos judiciales para que estas agrupaciones pierdan su sentido. La Justicia de Paz tiene algunos matices, no solamente de optimización de efectivos. Es un concepto de acercamiento de la Justicia al ciudadano, está vinculada a las corporaciones municipales, es una forma de participación del ciudadano. Es un tema que en este momento no está maduro, igual que los otros dos sí. La desaparición de la Justicia de Paz habría que matizarla. Iría unido a la reforma del Registro Civil también, a la agrupación de municipios. Como concepto, veo difícil la desaparición de la Justicia de Paz, con una raigambre histórica. Sí hay que revisarla en el contexto de la optimización de las administraciones públicas.