Fuentecillas exprime los recursos para parar el vial
Los vecinos estrenan la figura de la iniciativa ciudadana, con 3.000 firmas, para exigir la suspensión de la segunda fase del bulevar
Burgos
Tras el fracaso del diálogo con los representantes municipales, los vecinos de la calle Rebolledas mantienen su lucha contra el vial elevado que ‘rozará’ sus viviendas si se mantiene el proyecto de conexión entre el bulevar y la ronda interior norte. Rechazadas las alternativas brindadas por el concejal de Fomento, exploran ahora otras fórmulas para hacer oír sus reivindicaciones. Así, ayer anunciaban que estrenarán la figura de iniciativa ciudadana prevista en el reglamento de participación aprobado en el año 2000. La acompañan 3.000 firmas, cifra superior al millar exigido como mínimo por la norma municipal.
En el documento, que se presentará en el registro esta misma mañana, reclaman que el Ayuntamiento apruebe mediante una disposición la anulación de la segunda fase del trazado, que es la que incluye el mantenimiento del puente de los Ingleses y conduciría el tráfico a escasos metros de sus ventanas.
Con este nuevo movimiento confirman su oposición a la última posibilidad lanzada por el propio alcalde, Javier Lacalle, la pasada semana, que consistía en hacer un vial rasante tras cruzar el río para que la carretera descendiese a cota cero justo a su paso por las viviendas.
La motivación de la iniciativa ciudadana que presentan hoy los afectados por este proyecto recuerda que tal y como está planteado «lesiona gravemente los derechos de los ciudadanos» y que incumple el Plan General de Ordenación Urbana y los acuerdos al respecto adoptados en el Pleno del 20 de enero de 2012, en el que se acordó estimar las alegaciones presentadas al respecto por los vecinos.
Critican además que la actuación se presente como una vertebración de la ciudad pues Fuentecillas y la barriada Yagüe carecerán de accesos al vial así que no se beneficiarán de su paso por la zona y señalan que, al contrario, el tráfico previsto provocará contaminación ambiental y acústica, además de «violar el derecho a la intimidad de los vecinos y generar un gran estrés».
El reglamento de Participación Ciudadana establece que el Ayuntamiento deberá resolver este tipo de peticiones en un plazo máximo de tres meses.