Los impagos de alquiler motivan dos de cada tres desahucios

El impago de rentas de alquiler está detrás del grueso de los desahucios registrados en la provincia. En concreto y según los últimos datos estadísticos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial dos de cada tres lanzamientos -que así se denomina oficialmente este proceso de desalojo de un inmueble- derivan del incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos de alquiler.Así, de los 313 desahucios practicados en la provincia en la primera mitad de 2014 hasta 203 responden a este tipo de deuda mientras que 98 se deben a ejecuciones hipotecarias promovidas por entidades financieras. La tendencia apenas varía respecto al año pasado. Burgos cerró 2013 con 421 lanzamientos de los que 289 atendían al impago de alquileres y 110 a una omisión de abonar la hipoteca suscrita con un banco.En ambos ejercicios la estadística judicial añade un tercer grupo de casos que bajo el amplio epígrafe de ‘otros’ incluye 22 desalojos en 2013 y 12 en el primer semestre de 2014.Con todo, esta realidad numérica no implica que la morosidad bancaria no llegue a los tribunales. Las peticiones de desahucio formuladas por bancos son elevadas: 438 en 2013 y 327 entre enero y junio del presente año. Sin embargo, en el 70% de los casos la solicitud no llega a ejecutarse.«Los procedimientos entran y se inician pero las gestiones suelen paralizarse antes de practicarse el lanzamiento, lo que hace que la cifra de desahucios de este tipo sea bastante inferior a la registrada por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento entre particulares que suscita la reclamación de desalojo por parte del propietario de la vivienda o el local comercial», explica la directora del Servicio Común General de la Oficina Judicial de Burgos, María Teresa de Benito, que incide precisamente en el incremento de procedimientos relacionados con este último tipo de inmuebles destinados a negocios. «Tiendas y espacios dedicados a la hostelería se han visto muy afectados por la crisis», indica.Aunque las causas de este freno a los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias son diversas (acuerdo previo entre las partes, búsqueda de soluciones alternativas...), De Benito considera que ha sido determinante «el incremento de la protección al deudor por el que han apostado normativas recientes» y en particular la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que en marzo de 2013 declaraba abusiva la legislación española en este ámbito. Sigue en la edición impresa