El PSOE exige a Lacalle que reclame 703.000 euros por la venta de una parcela en la Flex

El Grupo municipal socialista acusa al equipo de Gobierno de «dejación de funciones» por no cobrarse una cantidad de 703.000 euros, al dejar de registrar como patrimonio municipal tres locales y tres plazas de garaje del complejo residencial de la antigua Flex.

El concejal Antonio Fernández Santos explicó ayer que el Ayuntamiento vendió en 2005 a la Cooperativa San Bruno una parcela para la construcción de 39 viviendas por 2.103.973 euros, de los cuales un total de 703.000 los recibiría «en especie». La promotora debía entregar al Consistorio los mencionados locales de 259 metros cuadrados, así como tres plazas de garaje. A juicio del edil socialista, «nunca se debió aceptar esta fórmula de pago por una parcela, pero ya que se dio el visto bueno a realizar la venta de esta manera, al menos se podían haber preocupado de recibir lo que les correspondía».

Ni la cooperativa ha realizado la entrega de los locales, ni el Ayuntamiento lo ha reclamado para escriturarlos y registrarlos dentro de su inventario de bienes, según denuncia Fernández Santos. Insiste en que este es un nuevo ejemplo de la «mala gestión» del Partido Popular ya que asegura que, al menos, han pasado cinco años desde que se terminaron las obras y desde que las viviendas están ocupadas por los adjudicatarios. En este sentido, asegura que el equipo de Gobierno no puede excusarse en que «no conocen» este acuerdo que se firmó con la Cooperativa San Bruno ya que, en aquellos años, Javier Lacalle, actual alcalde, era el concejal responsable de Fomento.

Desde el PSOE aseguran que no se entiende esta «dejación» e «incompetencia» del Partido Popular y, a la vez, denuncian los problemas aparejados de este tipo de promoción pública de viviendas. En primer lugar, Antonio Fernández Santos criticó que detrás de muchas de las cooperativas que accedían a las parcelas públicas estaban grandes constructoras. «El Ayuntamiento las vendía al mejor postor, lo único que exigía era que fueran cooperativas y después se desentendía de los siguientes pasos que realizaran estas empresas en la construcción y adjudicación de las viviendas. Qué sucedía después, que en algunas ocasiones ha dado lugar a trampas», recordó, a la vez que añadió que «ha habido casos en los que se pagó bajo cuerda ciertas cantidades a los empresarios constructores o que se adjudicaron a gente que no cumplía los requisitos por ejemplo porque tenían otra vivienda».

Antonio Fernández Santos aseguró que desde aquella época en la que se vendieron estas dos parcelas, ambas a cooperativas (San Bruno e Inversiones Patrimoniales Urbanas S.A.), en el año 2005, no se ha vuelto a poner en marcha ninguna medida para la construcción en la capital de viviendas con algún tipo de protección.