MUNICIPAL
El PSOE alerta de que la licencia para Campofrío chocará con el PGOU
El plan exige un número «desorbitado» de plazas de carga y descarga
Imagen de archivo del desmantelamiento de Campofrío.-RAÚL G. OCHOA
El concejal socialista Antonio Fernández Santos alertó ayer de que será necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para no retrasar los planes de la empresa Campofrío y para permitir el proyecto de ampliación de Johnson Controls (Varta), en el polígono de Villalonquéjar. Concretamente, se trata de una prescripción del nuevo PGOU que amplía el número de plazas de carga y descarga que deben tener las empresas en el interior de sus recintos (debe añadirse una plaza por cada 500 metros cuadrados de superficie industrial), hasta tal punto que resulta «desorbitada» la exigencia de plazas de este tipo, según precisa el edil socialista.
Según puntualiza Fernández Santos, Johnson Controls tiene dos expedientes de final de obra a los que no se les concede la licencia porque no cumplen «esta condición rigurosa del PGOU». Además, esta misma empresa tiene planes de ampliación que necesitan su licencia de obra que será imposible de obtener porque no tiene espacio suficiente para cumplir el requisito de las plazas de carga y descarga. «Como esta no es una empresa mediática ahí tiene esos expedientes acumulados esperando no se qué», dijo.
El concejal socialista relató que en el caso de Campofrío la prescripción del PGOU le va a exigir 200 plazas de carga y descarga que ocuparían una superficie de 8.000 metros cuadrados. «Con este condicionante sería imposible construir la planta en la calle La Bureba», expuso. Pues bien, desde el grupo municipal socialista proponen que se inicien los trámites de manera inmediata para modificar los artículos 33, 45 y 48 del PGOU para que ninguna empresa vea condicionada sus proyectos de ampliación o instalación en la capital burgalesa. Fernández Santos recordó que modificar el PGOU conlleva una tramitación larga que podría suponer unos seis meses entre aprobaciones iniciales, exposiciones públicas, y la aprobación definitiva en Pleno. Por ello, propone que, paralelamente, a este trámite se declare la excepcionalidad para no tener que esperar a la aprobación definitiva y que de esta manera se puedan ir tramitando las licencias necesarias.
Por su parte, el edil responsable de la Gerencia de Fomento, Ángel Ibáñez, acusó al concejal socialista de «deslealtad institucional» por salir en rueda de prensa «alarmando» sobre este asunto, cuando fue el equipo de Gobierno quien dio el aviso sobre esta circunstancia y sobre la necesidad de buscar soluciones rápidas.