Gómez irá a la Justicia si la UTE no retoma las obras de la estación

La rescisión por incumplimiento de contrato, la vía judicial y la reclamación de daños y perjuicios ante la más que posible pérdida de casi dos millones de euros, de fondos europeos Urban, es la vía por la que transitará con más probabilidad el asunto de la paralización de las obras de la antigua estación de tren. Pero antes de anticipar cualquier acontecimiento se agotará la vía administrativa entre Ayuntamiento y UTE formada por Ferrovial y Aroasa. Así lo aseguraba ayer el presidente del Instituto Municipal de Cultura, Fernando Gómez, que convocó consejo ejecutivo del IMC, para informar sobre el estado de las obras.

Mientras tanto, algunos partidos piden ya su dimisión como el Grupo municipal socialista, otros solicitan que Gómez asuma responsabilidades políticas (Imagina) y el tercero en la oposición, Ciudadanos, se pensará, en función de como evoluciones los acontecimientos, si reclamar también la dimisión.

El concejal Fernando Gómez aseguró que los próximos días esperarán a ver si llegan alegaciones por parte de las constructoras al escrito en el que, desde el Ayuntamiento, se le deniega cualquier modificación de la obra que suponga mayor desembolso del presupuesto fijado porque se ve «innecesario». Esos cambios propuestos supondrían alrededor de 500.000 euros, según denuncian los distintos partidos de la oposición.

Si tras las alegaciones y la respuesta a las mismas que de el Ayuntamiento no se retoma el ritmo de la obra en la estación, desde el equipo de Gobierno estudian la solución más ventajosa a los intereses municipales. «Tiene pinta de que llegará al juzgado porque parece que las obras no van a continuar», aseguró Gómez, que, en cualquier caso, descarta una rescisión amistosa que permita volver a sacar a concurso la obra en un plazo más o menos breve. «Una rescisión de contrato de mutuo acuerdo sería perjudicial para los intereses municipales porque eso conllevará perder unas subvenciones europeas que son fruto de un trabajo importante del equipo de Gobierno en el anterior mandato», expresó. Además, insistió en que estudiarán «bien» los pasos a dar «porque jugamos con gabinetes jurídicos de empresas muy importantes». En opinión del concejal, quien «está incumpliendo los plazos que la misma empresa marcó en la licitación es la propia UTE y seremos beligerantes para defender los intereses municipales ya que el 80% de la obra está financiada con fondos Urban que hay que justificar a 31 de diciembre de 2015.

Por otro lado, la preocupación de todos los grupos políticos está en la conservación del edificio si la obra se para en este punto. En este sentido, Gómez aseguró que habrá que buscar la forma para proteger el inmieble ante la llegada del otoño e invierno ahora que está del todo descubierto.GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA. El concejal Antonio Fernández Santos afirmó que si esta ciudad pierde dos millones de euros de fondos europeos «por negligencia política» la asunción de responsabilidades «solo pasa por la dimisión». Según dijo, no basta con pedir disculpas y recuerda que el Ayuntamiento supo el 17 de julio que la obra estaba parada, a pesar de que en el pleno del 24 el concejal Fernando Gómez lo negara. «La empresa se retiró de la obra y en julio se certificó la cantidad de 2.711 euros por los trabajos realizados en los últimos 30 días y, en el total, desde el inicio de la obra cuando debían estar hechas actuaciones por valor de 375.000 euros, se han certificado 70.000 euros», añadió. A la vez, aseguró que no ve factible que la empresa vaya a retomar la ejecución tras la contestación a las alegaciones.CIUDADANOS. Vicente Marañón, del grupo municipal naranja, calificó de «lamentable» la situación de las obras de la antigua estación del ferrocarril y reclama responsabilidades políticas. En su opinión, el Ayuntamiento ha dispuesto del tiempo suficiente para ejecutar esta obra y, por tanto, lo que ocurre ahora es consecuencia de una mala gestión. «Alguien tiene que asumir consecuencias si se pierde el dinero de los fondos europeos y debe significar la salida de alguien del ayuntamiento», dijo el edil.IMAGINA BURGOS. Los concejales Eva de Ara y Javier Gil consideran que el equipo de Gobierno ha querido jugar con los plazos «por intereses electorales» y ahora es la ciudadanía quien va a pagar las consecuencias de la paralización de las obras por parte de las empresas Ferrovial y Aroasa. En su opinión, el margen de respuesta es tan escaso que no impedirá que se vayan a peder las ayudas europeas. «Queremos saber quien va a dar la cara políticamente», dijo.