Sacyl ‘practica’ seis de cada diez abortos en la provincia

Seis de cada diez burgalesas que deciden interrumpir su embarazo lo hacen a través de la sanidad pública. Enfrentar las estadísticas de Sacyl, facilitadas por la Gerencia de Salud de Área, y las del Ministerio de Sanidad, que suman todos los abortos practicados cada año con independencia de la naturaleza del centro que los lleva a cabo, arroja esta proporción. El dato dista y mucho del que se registraba antes de la Ley Orgánica 2/2010 cuya aprobación disparó las intervenciones amparadas por el sistema público de salud. Así, como muestra del incremento, baste recordar las 43 interrupciones del embarazo realizadas en 2009 vía Sacyl (el 11% del total que señalan las estadísticas de Sanidad) frente a las 266 de 2015 o las 249 de 2014 (el 62% del total).

El papel de Sacyl en estos procedimientos se limita a informar y, una vez la mujer toma la decisión, enviar el caso a la clínica privada Ginemédica, ubicada en Valladolid, pues en los centros sanitarios de carácter público de la provincia no se realizan estas intervenciones. De hecho, recientemente Ginemédica se hacía con la adjudicación de las interrupciones del embarazo correspondientes a Burgos hasta 2017. El contrato fijaba un importe máximo a abonar por cada ejercicio de 111.160 euros.

Hasta ahora y desde 2008 esta misma clínica venía prestando tal servicio con cargo a un contrato adjudicado entonces por un canon de 92.040 euros y prorrogado año a año hasta el presente. La nueva resolución, suscrita como la anterior por el gerente de Salud de Área, Teófilo Lozano, contempla una cantidad máxima de procedimientos a derivar, 314 anuales, y establece un precio por proceso según la intervención -farmacológica o instrumental- y las semanas de gestación.

Las previsiones coinciden con la pauta registrada en los últimos cinco años. La estadística constata que el grueso de las interrupciones se realizan antes de la semana doce de embarazo. En 2015, de hecho, estos casos (226) suponen el 85% del total. Así, el contrato entre Sacyl y Ginemédica ‘apalabra’ 250 intervenciones anuales en estas circunstancias. Se abonarán, como ocurre con estas adjudicaciones sanitarias, solo aquellas que se realicen. La citada intervención tiene un precio unitario de 285 euros, según precisa la resolución que puede consultarse en la web de la Junta.

De vuelta a las cifras, pese al incremento en el último lustro de las mujeres que optan por la red pública para detener su embarazo -debido al giro normativo que eliminaba los supuestos para poder hacerlo hasta las 14 semanas y ampliaba la posibilidad de hacerlo hasta la semana 22 en casos de «graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto»-, cabe destacar que desde 2011 hasta 2014 se producía un paulatino descenso en la provincia tanto de los abortos tramitados por Sacyl como del total, al pasar de 348 a 249 en el primer caso y de 500 a 401 en conjunto.

Con todo, la cifra relativa a 2015 aportada por la Gerencia de Salud de Área de Burgos -de mantenerse la proporción respecto al total- augura un leve repunte del 7%. No obstante, habrá que esperar a conocer la estadística del Ministerio de Sanidad para concluir si el aumento se circunscribe a las interrupciones con medios públicos, lo que significaría que esta opción gana terreno, o si también se percibe en las clínicas privadas.

De los dos escenarios que contempla la ley el grueso de las interrupciones se concentra en el desarrollado en el artículo 14, que, previa información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, permite interrumpir el embarazo por decisión de la mujer dentro de las primeras 14 semanas. En concreto, es así en el 90% de los casos detallados por Sacyl.