MUNICIPAL / FOMENTO

Desestiman la reclamación de 2,6 millones que solicitaba el dueño del edificio de Progreso, 14

El Consejo Consultivo ha dado la razón al Ayuntamiento y avala el informe de los servicios jurídicos

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N. E. BURGOS
Burgos

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El Consejo Consultivo ha dado la razón al Ayuntamiento de Burgos frente a la reclamación de responsabilidad patrimonial que pedía el propietario del edificio de la calle Progreso, 14 por valor de más de 2,6 millones de euros al entender que con el nuevo PGOU perdía aprovechamientos urbanísticos.

El Consejo de la Gerencia de Fomento daba cuenta ayer del dictamen del Consultivo y desestimaba la reclamación patrimonial, según informaba la concejal responsable del área Ana Bernabé. En concreto, el propietario valoraba los daños por la pérdida de aprovechamientos en 1,6 millones de euros y reclamaba otro 1,08 millones por no poder ejecutar el sótano, donde proyectaba construir 60 plazas de aparcamiento, al tener el edificio protección ambiental.

Bernabé explica que, en el recurso, los dueños entendían que en el antiguo PGOU, de 1999, se le asignaba al solar una altura de cinco plantas con una edificabilidad máxima de 2.599 metros cuadrados y no tenía ninguna protección ni ambiental ni estructural. Con esas condiciones, los propietarios no iniciaron trámites para la reforma del edificio. Sin embargo, con el planeamiento de 2014 se cambia la calificación urbanística del inmueble que queda incorporado al catálogo de edificios protegidos, lo que supone la aplicación del régimen de protección ambiental con las limitaciones que supone a los particulares que ahora sí deberán respetar la fachada. El interesado consideraba que el nuevo PGOU perjudicaba sus intereses y emprendió la reclamación.

Se da la circunstancia añadida de que este inmueble está en situación de abandono y desde el área de Licencias se ha reclamado en varias ocasiones a sus propietarios para que impidan la entrada de personas en el edificio ya que se han repetido incidentes en esta zona. Últimamente, se ha cursado una orden de ejecución para que se devuelvan las condiciones de salubridad y se ha indicado que podría intervenir subsidiariamente la brigada de obras.

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