El PSOE califica de «trágala» el acuerdo de la deuda del consorcio, pero se abstendrá

El PSOE adelantó ayer que no apoyará en la reunión del consejo rector del próximo lunes el acuerdo de renegociación de la deuda de 167,7 millones de euros del consorcio del desvío con Caixabank, Ibercaja y Dexia por considerar que es un «trágala en el que no tenemos nada que ver», según explicó ayer el concejal Antonio Fernández Santos.

No obstante, también dejaron claro que se abstendrán para que el acuerdo salga adelante y evitar la disolución del consorcio y la «ruina del Ayuntamiento». El concejal de Hacienda y consejero delegado del consorcio, Salvador de Foronda, explicó el pasado miércoles los términos del acuerdo con las entidades financieras, por el que se reestructura la deuda a 15 años. Por una parte, se pagarían al menos 118 millones de euros a través de la venta de activos el consorcio, mientras que los 47 millones restantes los asumiría el Ayuntamiento con un pago anual de 3,6 millones de euros. Sin embargo, el concejal socialista señaló que se ha firmado «lo que querían los bancos» y puso en tela de juicio que se puedan obtener 118 millones de euros de la venta del patrimonio del consorcio. «Todo lo que no venda el consorcio, lo asumirá el Ayuntamiento», por lo que, en virtud de ese acuerdo y, según la estimación del edil socialista, el Ayuntamiento podría llegar a pagar los 167 millones más 20 millones de intereses. «Nos hemos tragado todo porque la situación que nos había puesto el señor Lacalle no teníamos más remedio, nos tenían absolutamente agarrados en el convenio de 2014», aseguró.

El portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, indicó que con ese convenio «casi se firma la sentencia de muerte de este Ayuntamiento», ya que uno de los compromisos era que si no se pagaban 30 millones de amortizaciones pendientes, se disolvía el consorcio. Una disolución que, remarcó Fernández Santos, sería «la ruina del Ayuntamiento», ya que toda la deuda pasaría a ser municipal.

El acuerdo con las tres entidades financieras es una«patada a seguir» que traslada el problema a próximas corporaciones. Y puso como ejemplo, el pago de las amortizaciones, que empezarán con 800.000 euros el primer año y en 2031 serán de 36,4 millones. «Qué pena no estar para ver los juramentos que el alcalde de 2031 suelte en el balcón municipal cuando le diga el secretario que tiene un acuerdo de pagar 36 millones a los bancos acreedores».