El consorcio del desvío autoriza la venta directa de las parcelas

El consorcio del ferrocarril emprende una nueva etapa con 15 años complicados en los que tendrá que hacer frente al pago de una deuda con Caixabank, Ibercaja y Dexia de un total de 167,7 millones de euros.

Los votos del PP y de los representantes de la Fundación Caja de Burgos permitieron ayer dar el visto bueno al acuerdo para reestructurar la deuda tras meses de intensas conversaciones con las entidades bancarias. PSOE y Ciudadanos se abstuvieron en este acuerdo para evitar la disolución del consorcio, mientras que Imagina Burgos se opuso.

Será el Pleno extraordinario del Ayuntamiento, anunciado para el próximo 22 de junio, el que tendrá que dar el visto bueno al nuevo convenio que, en líneas generales, indica que el Ayuntamiento se hará cargo de 47 millones con un pago anual de 3,7 millones de euros, a los que hay que sumar los intereses, mientras que se prevé obtener otros 118 millones de euros de la venta de los terrenos liberados por el desvío. Desde el grupo socialista, el concejal Antonio Fernández Santos, calculaba que con los intereses el Ayuntamiento podría llegar a pagar los 167 más otros 20.

Pues bien, para promover la venta de terrenos, que debe agilizarse al máximo en estos próximos 15 años, ayer se presentó un plan de venta realizado por el Grupo Arcano, una de las firmas especializadas a las que se ha acudido en este proceso, así como un reglamento que posibilita la venta directa de los terrenos con la firma del consejero delegado del consorcio, Salvador de Foronda. El a su vez concejal de Hacienda explicaba que se han establecido unos precios por zonas, calificación del suelo, y por metro cuadrado de aprovechamiento urbanístico. Las empresas interesadas que ofrezcan una cantidad igual o superior que la cantidad fijada podrán realizar la operación sin tener que competir en concurso público como hasta ahora. Mientras que si se ofrece un precio inferior, la decisión ultima sobre la venta sería del consorcio rector.

El socialista Fernández Santos expresaba sus dudas sobre este reglamento y, en cualquier caso, aseguraba que «de ninguna manera» se podría vender por debajo del mínimo ya que el consorcio no puede ver «mermados los ingresos» de la venta por debajo de los 118 millones. Esto tendría unas consecuencias sobre la amortización de la deuda, insiste el edil.

Foronda explicaba, por su parte, que no han fijado prioridades en cuanto a las parcelas en venta, «todo el suelo está disponible». En este sentido, indicó que hay ofertas pero que las empresas estaban esperando a tener ese plan de ventas, especialmente, en los solares más desarrollados. Como ejemplo indicó que en el sector de la antigua estación los solares estarían en 719 euros el metro cuadrado, mientras que en lugares menos desarrollados urbanísticamente como el S-34 se ha fijado algo más de 43 euros el metro cuadrado.

Desde el grupo municipal del PSOE, subrayan que «la espada de Damocles» va a estar en el hecho de que el consorcio se compromete en este acuerdo a pagar cada anualidad en un plazo y ante un retraso de más de 180 días, denunciado por los bancos, el Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de disolver el consorcio. «Esto significaría que la deuda pasaría a ser 100% del Ayuntamiento y, por tanto, la ruina absoluta», indica Fernández Santos, que asegura que el punto de partida de la negociación era «malo» como consecuencia del acuerdo firmado por el alcalde en 2014, según el cual se sentó el precedente de abrir la puerta a la disolución del consorcio.

La portavoz de Ciudadanos, Gloria Bañeres, explicaba que su grupo se ha abstenido a la espera de disponer de un informe de Intervención y Tesorería sobre las consecuencias que tendrá este acuerdo para el Ayuntamiento y las futuras corporaciones ya que se trata de un plan de pagos a 15 años. Por su parte, el concejal de Imagina Burgos, Raúl Salinero, señalaba que estos informes motivarán su postura en el próximo Pleno extraordinario.

Por otro lado, ayer se dio cuenta de la sentencia en relación con los últimos dos inquilinos de las viviendas de los antiguos ferroviarios. Uno de las familias optó por comprar una de las VPO de Cellophane y sobre el precio de venta se le ha descontado la indemnización, mientras que otro arrendatario ha preferido los 45.000 euros. De esta manera, los bloques quedan libres a la espera de que la parcela se desarrolle en próximos años como marca el plan de la estación. Un futuro comprador se haría cargo de la demolición.