C’s insiste en negociar de nuevo la deuda del consorcio del desvío

Los concejales de Ciudadanos apuestan por una nueva negociación con los bancos sobre la deuda de 167 millones de euros y por mantener «como se pueda» el consorcio del desvío de ferrocarril para evitar que esa cantidad recaiga de manera inmediata en el Ayuntamiento. No se resignan, ni tiran la toalla. Dos posiciones en las que consideran que se encuentran tanto el Partido Popular como el Partido Socialista.

Este grupo municipal considera tan «decepcionante» el informe sobre el consorcio del desvío del bufete de abogados Jiménez-Blanco, como la actitud del alcalde, Javier Lacalle. «Parecía celebrar con cierta satisfacción que un informe diga que el Ayuntamiento tiene que asumir una deuda de 167 millones de euros de forma inmediata por sucesión universal en caso de disolución del consorcio». Con estas palabras se expresaba la portavoz de la formación naranja, Gloria Bañeres, que considera que si se acepta «de plano» que el Consistorio asume esta deuda, más la que esté por venir en el consorcio del polígono industrial de Villalonquéjar, el equipo de Gobierno puede dar por finalizada su legislatura. «El Ayuntamiento quedará intervenido desde ese momento y poco se podrá hacer en este mandato municipal», añade.

Ciudadanos esperaba más del informe del letrado como por ejemplo unas indicaciones claras sobre cómo actuar en un eventual procedimiento o para tratar de negociar con las entidades bancarias desde una posición mejor de la que va a partir ahora mismo. Bañeres considera que el letrado ha dado una posición «subjetiva» del trabajo encomendado sin entrar en un «sustrato jurídico ni jurisprudencial».

Comenta que se ha pasado por alto una cuestión fundamental que es saber quiénes son los miembros del consorcio, sobre todo desde que las entidades que lo crearon desaparecieron en el proceso de fusión de las cajas, momento en el que se quedaron las fundaciones. «A mí se me ocurre que si las actas de las reuniones están firmadas por personas que no pertenecen al consorcio pues podríamos anular todos los acuerdos, incluso aquel en el que se aceptó la última reestructuración», ponía como ejemplo de «arma de defensa» esta concejal que ejerce como abogada en su vida profesional.

La portavoz del grupo considera que los socialistas, tras leer el informe, «han tirado la toalla» y cree que se están conformando con que Jiménez-Blanco exponga que el momento crítico para el Ayuntamiento fue cuando Lacalle firmó en 2014 el acuerdo de refinanciación.

Para Bañeres es necesario que las entidades que han sacado «provecho económico de la ciudad arrimen el hombro» para modificar el artículo 18 de los estatutos para asumir entre los tres una posible deuda en el caso de que no se pueda cumplir en el futuro con las cantidades y se acabe disolviendo el consorcio. La concejal cree urgente sacar a las fundaciones de la gestión de los inmuebles y plantear un calendario de venta de los activos «que ya desde ahora nadie se cree que vayamos a cumplir». En este sentido, asegura que se prevé en que en tres o cuatro años habrá que refinanciar de nuevo la deuda y, por tanto, «supone alargar la agonía de los intereses del Ayuntamiento durante décadas».