Familia media con los bancos en la mitad de los casos de desahucio

Más de la mitad de las familias en riesgo de desahucio atendidas en el Servicio Integral que presta la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León han necesitado la interlocución con las entidades bancarias para poner en marcha las medidas necesarias que eviten la pérdida de la vivienda habitual.

Concretamente, en el 56% de los casos que están ya concluidos en la provincia de Burgos los trabajadores de los servicios sociales han tenido que mediar con los bancos para buscar una solución como una reestructuración de la deuda, la dación en pago de la vivienda o bien un acuerdo para parar la ejecución de una orden de desahucio.

Fue en noviembre de 2012 cuando Familia puso en marcha esta iniciativa de atención a las situaciones de desahucio que se enmarca en un servicio más amplio como es la Red de Protección a las Familias en Castilla y León. Desde entonces y hasta el 30 de noviembre de 2016 han solicitado asesoramiento un total de 467 familias en la provincia burgalesa.

Según los datos facilitados por la Consejería, del total de los casos que han hecho uso de este programa se consideran concluidos 437, por lo que en estos momentos están activos una treintena en la búsqueda de algún tipo de solución. Una llamada al número de teléfono 012 basta para poner en marcha el sistema de protección a las familias de la administración regional.

Cada familia que pasa por el servicio recibe asesoramiento y apoyo, así como un análisis de su situación económica y social para estudiar en cada uno de ellos cómo afrontar una amenaza de desahucio. El objetivo principal es evitar que los miembros de una familia en una situación económica complicada acaben perdiendo su vivienda habitual. En 190 de las situaciones no hizo falta la interlocución con las entidades financieras, mientras que sí fue necesario en 247 casos.

Hace un año por estas fechas eran 419 las familias que habían pasado por este servicio por lo que durante el último ejercicio se han incorporado otros 48 casos en la provincia de Burgos, una cifra que indica que sigue siendo necesario contar con este sistema de protección.

La posibilidad de perder la vivienda es un problema grave para estas familias, sin embargo no es el único. De ahí que el servicio trata de dar un asesoramiento integral para explicar en cada caso las líneas de ayudas sociales que puedan existir o la posibilidad de apoyar en la búsqueda de un empleo. Cuando los profesionales que atienden este programa detectan otras necesidades se aportan prestaciones personalizadas a cada situación. En la provincia de Burgos, en un 15,2% de los casos se han puesto en marcha más medidas que solo el apoyo ante un desahucio. Desde esta área de la Junta indican que 71 familias han sido beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, servicios de vivienda o de justicia gratuita, en función de cual fuera su situación.

Desde la Consejería de Familia se indica la importancia de que las personas que se vean en el riesgo de perder su vivienda por problemas económicas, acudan cuanto antes al servicio integral. De esta manera, destacan que se puede llamar al 012 antes de que se produzca el primer impago de la hipoteca y, por tanto, de que comience la judicialización del proceso.

La Red de Protección a las Familias es un sistema de protección social pública en el que participa la Junta y las corporaciones locales que nació con el objetivo de apoyar a las personas más vulnerables. Uno de los servicios que ofrece es el del asesoramiento en un caso de desahucio, pero hay otros asuntos relacionados con la vivienda o con cuestiones sociales en los que tiene gran demanda, en total son 23 programas. Entre los que tienen que ver con la residencia habitual, está la línea de ayudas para mantener los recibos de la luz y del gas. Otra necesidad básica es el alimento, así como tramitar a las personas que lo necesiten la renta garantizada de ciudadanía.