La Justicia acata la «verdad» legal del archivo de la muerte de la hija

La investigación policial que reabrirá el caso sobre la muerte de la niña Ridelca Josefina, hija de Ana Julia Quezada y fallecida en extrañas circunstancias en marzo de 1996 no tendrá consecuencias legales sobre la ahora detenida en relación con la muerte de Gabriel Cruz ya que si se hubiera producido algún delito estaría actualmente ya prescrito. El artículo 131 del Código Penal establece que el delito máximo que podría haberse producido en este caso llevaría aparejada una pena máxima señalada de quince o más años y en ese supuesto, el plazo legal de prescripción, que es el máximo, es de 20 años. En este caso hubiera prescrito en 2016.

Fuentes judiciales explicaron a este periódico que a estas alturas y tras el archivo y prescripción de la causa la «verdad judicial» es que la muerte de la niña se debió a un accidente y esa conclusión no va a cambiar. Prevalece el hecho de que el archivo, que no fue recurrido, se realizó tras recibir los informes de la Policía Nacional y del Instituto Anatómico Forense que concluyeron que la muerte fue «accidental» y tras practicarse las diligencias judiciales oportunas como la toma de declaración en calidad de testigos de la madre, del padre y de otros familiares. Unas declaraciones que el juzgado sepulta dando validez a la resolución final que, con el paso de los años ha quedado tan prescrita como inamovible.

Tanto es así que el juzgado número 4 aclara que no ha ordenado a la Policía Nacional que reabra judicialmente el caso sino que se limita a incoar «diligencias previas como consecuencia de la petición de la Policía Nacional para darle una copia de las actuaciones practicadas en 1996».

La Policía sí está volviendo a revisar las actuaciones de aquel día, como ya adelantó el ministro de Interior, pero los agentes ya barajaban la hipótesis de que un posible delito estuviera prescrito. La confirmación ha llegado tras la revisión oficial del expediente judicial, que ha habido que recuperar del archivo de expedientes judiciales de Zaragoza y ha sido remitido al Servicio Común General de los Juzgados que ha procedido al reparto, recayendo el caso en el Juzgado de Instrucción nº 4 de la capital que tiene que remitir a la policía la documentación de las diligencias practicadas desde el 10 de marzo cuando ocurrieron los hechos al 11 de junio de 1996 cuando se resolvió archivarlo. La titular de ese juzgado, según las mismas fuentes, da validez al archivo decretado por el juzgado número 6 hace 22 años.