Consenso en el pago de complementos de investigación en la Comunidad

Los defensores universitarios de los cuatro campus públicos de Castilla y León consensuaron ayer en la Facultad de Derecho de la UBU un documento de mínimos con el que eliminar las desigualdades entre centros universitarios que afectan al profesorado a tiempo completo.

Esta discriminación está relacionada con los complementos de investigación y docencia. En cada sexenio de investigación o quinquenio docente, los funcionarios de las universidades reciben un complemento económico. En el caso de los profesores contratados a tiempo completo, solo se les paga el primer complemento de acuerdo con el convenio colectivo.Fue un grupo de trabajadores de Valladolid el que denunció esta situación de desigualdad con respecto a otras comunidades. De ahí que la defensora vallisoletana, Milagros Alario, presentase en la reunión el borrador que se hará llegar al Procurador del Común de Castilla y León ya que entienden que «tiene la capacidad de hacer la recomendación directa a la Junta de Castilla y León».

Los defensores de Castilla y León pretenden que estos pagos sean un derecho reconocido de todos los trabajadores universitarios, dado que «el reconocimiento pleno de los complementos ya se ha hecho en otras comunidades autónomas», explicaba Alario.La defensora de la UBU, Julia Arcos, mostraba el apoyo de la Universidad de Burgos a esta iniciativa. Arcos afirmaba que «el problema son los fondos para poder atender estas necesidades». Actualmente, en torno a 70 trabajadores de la UBU están afectados. La Universidad de Burgos se ha comprometido a pagar el primer sexenio que, por problemas presupuestarios, no se ha podido asumir anteriormente. El rector burgalés, Manuel Pérez Mateos, pedía al presidente de la Junta de Castilla y León «que aborde esta cuestión, entre otras muchas».Mateos manifestó su «total conformidad» con las Defensorías en esta cuestión que calificó como un «problema de negociación», relacionaddo con el presupuesto y explicó que la UBU sufre una «especial dificultad» precisamente por las estrecheces presupuestarias que le afectan. No obstante, recalcó que la UBU ya se ha comprometido a pagar el primer sexenio y quinquenio.

En cuanto a problemas habituales, los más frecuentes son aquellos relacionados con los estudiantes. «Suelen plantear inconformidad con las calificaciones y los métodos de evaluación», exponía Arcos. Los estudiantes acuden con confianza a la defensoría de la UBU, que se encarga de defenderles en casos graves de desigualdad.El profesorado también suele presentar casos menores relacionados con la docencia. La defensora burgalesa explicaba que su labor es «mediar para que los problemas se puedan solucionar hablando».

Tanto las universidades públicas como las privadas de Castilla y León posee una defensoría con el objetivo de proteger los derechos de la comunidad universitaria. Con estos encuentros anuales, los defensores pretenden mejorar sus servicios y su labor en las universidades de la comunidad autónoma.