Los empresarios catean a todas las administraciones por la pandemia

Las administraciones públicas catean la reválida de los empresarios de la provincia de Burgos. Ni un sólo estamento de la administración logra acercarse ni siquiera un poco al aprobado. El suspenso es generalizado para el Gobierno central, el Ejecutivo autonómico y los respectivos ayuntamientos. La Junta es la que mejor nota saca, ya que los empresarios burgaleses puntúan su gestión de la crisis sanitaria y económica derivada de la epidemia del coronavirus con 3,34 puntos sobre diez. El Estado apenas saca un 2,7 y los diferentes ayuntamientos se posicionan en una horquilla entre el 2,8 y el 3,8. Son las cifras de la encuesta realizada por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) a 250 empresarios de toda la provincia y todos los sectores productivos. Esta valoración paupérrima por parte de los directivos de las empresas de la provincia cobrá más valor a tener en cuenta que este muestreo ha alcanzado al doble de encuestados de los que habitualmente componen el panel de expertos del índice de confianza empresarial que FAE elabora cada semestre.Además, en esta ocasión ha participado una abundante representación del sector Servicios, el más castigado por esta crisis, cuyas valoraciones, a juicio de los directivos de FAE dan idea de la profundidad de la crisis en este importante apartado de la economía burgalesa.FAE ha consultado a las empresas sobre su valoración de las medidas destinadas a frenar el coronavirus para la elaboración de uno de los capítulos de este índice y las respuestas obtenidas son aún peores que la valoración general de las administraciones de forma que al Estado le dan una puntuación media ponderada de 2,58 puntos y a la Junta de 2,55.En el caso del Ayuntamiento de Burgos, catea con un 2,85, pero los de Aranda y Miranda obtienen un muy deficiente clamoroso con un 2,16 en el caso del Consistorio ribereño y del 1,8 en el ayuntamiento mirandés. La percepción de los empresarios es que la gestión de las ayudas, bonificaciones, créditos y demás trámites administrativos roza el muy deficiente ya que casi el 60% de las empresas puntúa con un 1 o un 2 las medidas del Gobierno central, al igual que la Junta de Castilla y León. En este sentido, la secretaria general de FAE, Emiliana Molero, realizó un alegato en favor de la medida que han presentado «con poco éxito» desde la CEOE y también a nivel autonómico y provincial para que las administraciones se avengan a algún tipo de rebaja fiscal que ayude a la sostenibilidad y viabilidad de las empresas, con la ventaja añadida de que este tipo de reducciones no comportan carga administrativa añadida, ganan tiempo a la hora de llegar al destinatario y contribuir a que mantenga su negocio abierto. Este extremo es el principal objetivo de FAE que defiende que es más fácil y barato mantener una empresa en marcha que reflotarla una vez que cierre. Además, Molero reprocha que «no se entiende» que empresas que están cerradas por las medidas del coronavirus o ven su actividad reducida tengan que pagar los mismos impuestos. por el contrario, rebajar la presión fiscal aportaría, según Molero, un alivio a la tesorería que ayudaría a la inversión y el empleo.El tesorero de FAE, Ignacio San Millán, por su parte, reclamó flexibilidad con las empresas que tengan que devolver créditos ICO y ventajas similares y propuso que se ampliase el periodo de pago «un año» hasta que puedan normalizar su proceso productivo cuando la vacunación devuelva la normalidad a la economía, que es la solución que el 65% de los empresarios  cree que les permitirá volver a la producir en condiciones similares a los años anteriores a 2020.Más información en la edición impresa