Los cambios en el impuesto de sociedades y la adaptación a Verifactu centran una jornada empresarial de la Cámara de Comercio en Burgos
La Cámara de Comercio e Ibercaja reúnen a expertos para abordar los principales cambios fiscales y en los sistemas de facturación ante el cierre del ejercicio de 2025
Análisis de novedades legislativas y recomendaciones fiscales ante el cierre del ejercicio 2025
La planificación del cierre fiscal de 2025 y la implantación del sistema Verifactu centraron este martes la jornada ‘Análisis de novedades legislativas y recomendaciones fiscales ante el cierre del ejercicio 2025’, organizada por la Cámara de Comercio de Burgos en colaboración con Ibercaja, dentro del Círculo de Actualidad Empresarial.
Durante el encuentro, el director del Área Fiscal de BK Valora–ETL Global, Emiliano Rodríguez del Olmo, trasladó un mensaje de tranquilidad a las empresas ante el próximo cierre fiscal, al asegurar que “no hay grandes novedades” respecto a ejercicios anteriores y que, en general, “la mayoría de las empresas no van a tener una excesiva complejidad a nivel de cierre fiscal”, recoge Ical.
Rodríguez del Olmo explicó que una de las principales claves de futuro es la bajada progresiva del tipo del Impuesto sobre Sociedades prevista hasta 2029, tanto para empresas con una facturación superior como inferior al millón de euros. “Puede haber una cierta estrategia fiscal basada en aplazar ciertos resultados a años posteriores, porque eso puede suponer un ahorro en el impuesto de sociedades”, apuntó.
En el ámbito del impuesto, destacó también el refuerzo de la reserva de capitalización, que a partir de 2025 incrementa la reducción fiscal asociada y flexibiliza sus requisitos, reduciendo de cinco a tres años el plazo de mantenimiento. No obstante, recordó que se trata de una medida que debe planificarse con antelación, ya que no admite aplicación retroactiva.
Más allá de nuevas deducciones, el experto fiscal subrayó la importancia de herramientas de diferimiento de la tributación, como la libertad de amortización o la aceleración de amortizaciones vinculadas a inversiones, leasing o incremento de plantilla. “Es muy importante conocer estas herramientas para intentar pagar el impuesto en años posteriores”, señaló.
La jornada abordó también la tributación mínima para grandes empresas y grupos fiscales, los límites a determinadas deducciones para evitar la doble imposición internacional y el régimen especial aplicable a las entidades de nueva creación, que pueden beneficiarse de un tipo reducido en sus primeros ejercicios con beneficios si cumplen los requisitos legales.
Uno de los bloques con mayor atención fue el dedicado a Verifactu, un nuevo marco normativo que regulará los sistemas informáticos de facturación con el objetivo de reforzar el control tributario y prevenir el fraude. El asesor fiscal de BK Valora–ETL Global, Rodrigo Montero Díez, explicó que se considerará sistema informático de facturación “cualquier conjunto de hardware o software que intervenga en el proceso de facturación”, incluso herramientas sencillas como procesadores de texto si reutilizan datos mediante cálculos o exportaciones.
Montero advirtió sobre el régimen sancionador, que contempla multas de 1.000 a 150.000 euros tanto para los fabricantes de sistemas que no cumplan las especificaciones legales como para los usuarios que utilicen programas no conformes. Las sanciones pueden alcanzar importes significativos por ejercicio económico, lo que refuerza la necesidad de revisar y adaptar los sistemas de facturación con antelación.
Respecto al calendario, tras el retraso aprobado por el Gobierno, Verifactu será obligatorio para las empresas a partir del 1 de enero de 2027 y para los autónomos desde el 1 de julio de 2027. A juicio de Montero, se trata de un plazo “realista”, ya que “muchas empresas ya estaban en camino y establecidas”, y la prórroga permite llegar “en mejores condiciones”.
Aunque reconoció que Verifactu será “principalmente útil para la Agencia Tributaria”, Montero consideró que también puede suponer una oportunidad para los pequeños autónomos, al impulsar su digitalización. No obstante, advirtió de que el principal impacto estará en el coste de adaptación de los sistemas, especialmente en el caso de cajas registradoras que deberán ser sustituidas por sistemas homologados.
En conjunto, los ponentes coincidieron en la necesidad de anticiparse al cierre del ejercicio 2025, revisar las decisiones fiscales y contables y adaptar con tiempo los sistemas de facturación para evitar incidencias futuras y sanciones económicas.