Piden 14 años para un hombre en Burgos por guardar explosivos en un garaje y tráfico de drogas

La Audiencia Provincial de Burgos juzga, a partir del 9 de febrero, a A.C.R. por los delitos de tráfico de drogas y almacenamiento de explosivos después de que una investigación llevada la Guardia Civil aflorara en un bajo de viviendas de la plaza de San Bruno un taller y un depósito de explosivos. Además, los agentes se incautaron de 25 kilos de ‘speed’. La Fiscalía solicita una pena de 14 años de cárcel, ocho años y seis meses por el tráfico de drogas y 6 años por el almacenamiento de explosivos.

Los hechos se remontan a 2023, cuando el Grupo de Información de la Guardia Civil tiene conocimiento de que el acusado realiza actividades relacionadas con la fabricación, almacenamiento y uso de artificios pirotécnicos «sin ningún tipo de autorización o medida de seguridad», tal y como señala la Fiscalía. A partir de ese momento, se inicia una investigación que constata que el acusado recibió en su domicilio sendos paquetes de materiales necesarios para realizar diferentes reacciones químicas y mezclas. Meses después, en octubre, recibe un paquete, de más de 14 kilos de peso, que llega a casa de sus padres procedente de Polonia, de una empresa que se decida a la venta de polvos de hierro y polvo de aluminio, «peligrosos precursores de explosivos», según recoge el escrito de la Fiscalía.

El Tedax de la Guardia Civil señaló que con ambos compuestos se puede confeccionar una reacción aluminotérmica conocida como termita, la cual puede ser utilizada tanto para usos civiles, como la unión de railes de ferrocarril. También puede tener otros usos incendiarios o de sabotaje por su elevada reacción térmica. El polvo de aluminio se puede utilizar tanto en la confección de pirotecnia como para la confección de explosivos con fines delictivos.

Se trataba por tanto de un material potencialmente peligroso. Esto hizo que los agentes del Información de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos intensificaran las vigilancias entre finales de 2023 y comienzos de 2024. Unos seguimientos en los que constataron que el acusado adoptaba importantes precauciones ante la posibilidad de que le estuvieran vigilando, lo que llega a hacer que los agentes desistan de los seguimientos. No obstante, los agentes sí confirman que el acusado entra y sale de forma muy frecuente de una bajera ubicada en el número 6 de la plaza de San Bruno. El Grupo de Información consigue saber que el acusado puede estar trasladando material explosivo, por lo que el 1 de marzo de 2024, en colaboración con una patrulla de la Guardia Civil se da el alto al acusado cuando circulaba por la A-1, en Villalmanzo. En el registro del vehículo, los agentes descubren un compartimento oculto bajo los asientos traseros en el que hay 6 kg de sustancias químicas, concretamente mezclas precursoras de explosivos, distribuidas en tres bolsas de dos kilos cada una, envasadas al vacío de forma artesanal.Además, le incautaron ‘speed’.

Al día siguiente, tras solicitar autorización judicial, los agentes realizan tres registros, en su casa, la de sus padres y en la bajera de San Bruno. Los agentes hallaron más de 60 kilos de precursores de explosivos, con 200 tipos de productos químicos. Además, medio kilo de mezclas explosivas ya preparadas para explosionar, material de laboratorio y 500 petardos y bengalas, tal y como informó la Guardia Civil sobre el desarrollo de la operación que acabó con su detención.

La Guardia Civil ya le llevaba investigando desde el año 2023. Investigaciones que determinaron que el acusado era un gran aficionado a los artefactos explosivos y pirotécnicos, y tenía un alto conocimiento de la materia, ya que había trabajado en el pasado en empresas del ramo. El acusado contaba con una prensa hidráulica en la lonja, de gran volumen y peso, que serviría para el prensado y moldeado de las mezclas explosivas ya elaboradas, lo que, según la investigación, apunta a que se dedicaba a vender en el mercado ilícito.

Un informe de los Tedax destacó la peligrosidad de esta bajera donde se manipulaban y almacenaban precursores y productos químicos en un mismo espacio sin ninguna ventilación ni medida de seguridad. Durante los registros, los agentes se incautaron también de algo más de 25 kilos de ‘speed’, con un valor en el mercado ilegal de 398.049,06 euros.