Condenan a Sacyl a indemnizar con 60.000 euros a una familia por la muerte de su bebé durante el parto
El TSJCyL estima el recurso de los padres y señala que el HUBU no garantizó la libertad de elección del método de parto
Acceso principal al Hospital Universitario de Burgos.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a Sacyl a indemnizar con 60.000 euros por el daño moral a los padres de un bebé que murió en el parto en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por no facilitarles toda la información sobre el método de parto. El Alto Tribunal de la Comunidad admite parcialmente el recurso presentado por la familia, que reclamaba una indemnización de 165.000 euros, ante el silencio administrativo a la reclamación que presentaron en octubre de 2022.
El 28 de julio de 2020 ingresa la madre para dar a luz al que iba a ser su segundo hijo por vía vaginal -el primero había sido por cesárea- y en el que se produjo una distocia de hombros del bebé. Tras el fracaso de las maniobras de primer nivel y de las segundo nivel, por lo que se deriva a la madre a quirófano. Y tras varias maniobras se realiza una cesárea. Pese a las maniobras de reanimación, el bebé falleció. El informe del Instituto de Medicina legal determinó que la muerte fue derivada «del sufrimiento fetal intraparto, en un parto prolongado que se intentó por vía vaginal». Los padres presentaron una denuncia por la vía penal sobre la que se decidió el sobreseimiento.
Sobre esta cuestión, y en contra de lo defendido por al administración, el tribunal considera que el sobreseimiento en la vía penal no significa que no pueda haber una responsabilidad patrimonial. El TSJCyL valoró dos informes periciales opuestos sobre el caso. En uno se señala una valoración incorrecta de los antecedentes intraparto y que se debía haber realizado una cesárea desde el primero momento, que de «haber sido informada adecuadamente, la demandante podría haber optado a una cesárea electiva».
El otro informe pericial indicaba que se debía ofrecer el parto por vía vaginal a todas las mujeres con cesárea previa, y que en la primera visita de control gestacional «se entrega el consentimiento informado según protocolo». La ginecóloga explicó que la madre aceptó la inducción. y que hubo reticencia por parte de los padres a la utilización de fórceps, pero que «les explicó que era lo más adecuado». El informe del Instituto de Medicina Legal concluyó que aunque el feto era de peso elevado «no por ello se reunían los criterios para ser indicada una cesárea» y que el uso de fórceps era una medida adecuada dadas las circunstancias.
En el informe del jefe de Servicio no consta en la historia clínica «ninguna referencia al asesoramiento realizado sobre la vía del parto en cesárea anterior», aunque añade que toda paciente es informada verbalmente por su tocólogo.
El tribunal rechaza que la demandante fuera desatendida en la fase previa al parto. Del mismo modo, sobre el tratamiento que recibió durante el parto, el TSJCyL tampoco considera, en función de los informes periciales, que hubiera un incumplimiento de protocolos de actuación.
El tribunal afirma que no hay una documentación sobre el consentimiento informado que se le ofreciera a la madre respecto al método de parto. Esto impide que la madre tuviera la información suficiente, por lo que «no puede aceptarse que el asesoramiento facilitado garantizara la libertad de elección por parte de la paciente», según recoge el fallo. Del informe se deduce, añade, que «el asesoramiento se orienta a que la opción de la paciente sea el parto vaginal, lo que no puede considerarse garantía de una elección libre».