Un funcionario de Personal engordó sus nóminas hasta defraudar 25.000€
Trabajaba preparando las nóminas de los empleados municipales y se investigan sus movimientos desde que llegó al puesto. El propio Ayuntamiento detectó los pagos anómalos y lo dio traslado a la Fiscalía, que ya está investigando
Ciudadanos realizando gestiones en el interior del Ayuntamiento de Burgos.
Previene el refranero castellano de que la ocasión hace al ladrón y la realidad se encarga de corroborar una y otra vez el dicho. Basta a veces con que la persona equivocada ocupe el puesto adecuado, como en el caso del funcionario investigado en Burgos por haber cobrado presuntamente unos 25.000 euros de más en su mensualidad que, según ha podido conocer este periódico, era precisamente uno de los empleados públicos que preparaban cada mes las nóminas municipales.
La investigación abierta sobre este funcionario del área de Personal del Ayuntamiento de Burgos parte precisamente de la sospecha de que quien tenía entre sus manos la preparación de las nóminas utilizó ese conocimiento para engordar la suya propia hasta acumular un sobresueldo que puede rondar los 25.000 euros según la primera estimación. Ha sido, precisamente, un escrutinio interno en el seno del Ayuntamiento el que ha permitido detectar este caso y ponerle remedio.
De hecho, el funcionario señalado ya ha sido apartado del servicio a la vez que se ha dado traslado a la Fiscalía de las averiguaciones realizadas hasta el momento para que prosiga a partir de ahí las investigaciones. En ese sentido, desde el equipo de Gobierno municipal se quiere mantener una reserva prudente sobre el caso porque, según ha podido conocer este periódico, su intención es llegar hasta el fondo de este asunto y conocer exactamente quién o quiénes están implicados, cómo se realizó la operación y, en especial, qué delitos podrían concurrir en este caso. Básicamente, el PP no quiere que el caso se le vuelva en contra y el funcionario se escabulla por algún resquicio legal, por eso, tras unas averiguaciones básicas, cuando se certificó que efectivamente el caso tenía una base cierta para acudir a la Fiscalía se dio el paso.
Previamente se comunicó a los portavoces de los grupos municipales lo sucedido y se les conminó a que mantuvieran la reserva sobre el asunto hasta que interviniera la Fiscalía. Los tres grupos municipales estuvieron de acuerdo, incluso en la forma de desvelar la información, qué se puede contar y qué no. Entre otras motivaciones está el hecho de que ya se le ha solicitado el reintegro de las cantidades, sin que conste que el funcionario implicado haya procedido a su devolución.
A mayores, los técnicos del Ayuntamiento de Burgos investigarán toda su trayectoria profesional, aunque por ahora las posibles irregularidades detectadas se concentran en el periodo en el que trabajó en la sección de Nóminas.
Cabe señalar que entran muchas variables para determinar a priori qué delitos podría considerar la Fiscalía que concurren en este caso, ya que el Código Penal prevé además un tratamiento agravado cuando un funcionario, abusando de su cargo, comete algún tipo de estafa o apropiación indebida, pero la calificación dependería de cómo se produjo exactamente el cobro. Por eso se está mirando a fondo cómo se concretó en este caso. El encaje más evidente, si se acredita que un funcionario aprovechó su puesto para incrementar sus propias nóminas y apropiarse de dinero público, sería la malversación de caudales públicos. Además, la investigación deberá determinar si para alterar las nóminas se produjo además algún tipo de falsedad documental. Desde el Consistorio se ha mantenido una escrupulosa reserva para no precipitarse en calificar los hechos, operación que queda en manos de la Fiscalía.
Auditoría en marcha
A partir de ahora, sin embargo, dentro de las operaciones que sí le competen, el Ayuntamiento quiere reconstruir con detalle cómo tuvieron lugar esos pagos y hasta cuándo se remontan, por lo que además de revisar toda la trayectoria profesional del funcionario, se realizará una auditoría específica sobre las operaciones relacionadas con el caso y sobre los controles internos que debían impedir que una nómina municipal pudiera modificarse sin que saltaran las alarmas.
La revisión no se limitará a comprobar cuánto dinero cobró de más, ya que los servicios de Intervención General y de Asesoría Jurídica trabajan también sobre la documentación para concretar las cantidades afectadas y determinar de qué forma se autorizaron y tramitaron esos pagos. El importe de unos 25.000 euros brutos es todavía provisional y deberá cerrarse cuando se revisen todos los conceptos incluidos en las nóminas y las cantidades que llegaron efectivamente a abonarse.
Desde que se detectaron las anomalías, el Consistorio adoptó además medidas para evitar que pudieran repetirse nuevos pagos y para conservar toda la documentación y la información de los sistemas municipales relacionadas con el caso y que podrían desvelar la hoja de ruta del funcionario implicado para ir engordando su cuenta con las sucesivas operaciones con cargo a su nómina. Precisamente para poner fin a esa mecánica se acordó la suspensión cautelar del funcionario, que forma parte de esas medidas correctoras del fallo mientras avanzan las comprobaciones para determinar exactamente qué hizo y cómo.
Con las primeras averiguaciones ya realizadas, el Ayuntamiento entregó la documentación a la Fiscalía Provincial de Burgos, que deberá valorar ahora los hechos y decidir los siguientes pasos de la investigación, pero, además, el Consistorio mantiene abierta en paralelo su propia revisión interna para aclarar el alcance de lo ocurrido y comprobar si fallaron los mecanismos de control que debían supervisar la elaboración y el pago de las nóminas municipales.