El PSOE alerta de la situación "anémica" de la asesoría jurídica municipal

El grupo municipal socialista llevará al Pleno del Ayuntamiento de Burgos del próximo viernes una proposición para poner en marcha una memoria anual sobre la actividad judicial del Consistorio, una iniciativa que su concejal Julio César Arnaiz vincula directamente con la situación de la asesoría jurídica municipal, que ha calificado de «anémica». 

El socialista asegura que el servicio dispone actualmente de dos efectivos frente a los seis puestos contemplados en la relación de puestos de trabajo (RPT) y considera que la falta de medios dificulta tanto la defensa judicial como el análisis de las causas que llevan al Ayuntamiento a los tribunales. La circunstancia de los efectivos de este departamento se sostiene durante todo este mandato, ya que, según indicó, se llegó a contratar a una tercera persona de apoyo que apenas duró un trimestre y, por tanto, siguen siendo dos desde entonces.

Arnaiz sostiene que la condición del servicio condiciona también la capacidad municipal para extraer conclusiones de los procedimientos judiciales que afronta. La asesoría no se limita a la representación del Ayuntamiento ante los tribunales, sino que también interviene en informes internos y expedientes de contratación. Por ello, consideró insuficiente la actual dotación y reclamó al equipo de Gobierno que, al menos, cubra las seis plazas previstas en la RPT. Llegó a señalar que, a su juicio personal, serían necesarios nueve efectivos para atender adecuadamente el volumen de trabajo por la relevancia de los asuntos que aborda.

La falta de efectivos en este servicio no es, en cualquier caso, un problema nuevo. En noviembre de 2023, al principio del mandato, la concejala de Personal, Yolanda Barriuso, explicó que el equipo de Gobierno había encontrado la asesoría jurídica con un solo puesto de letrado ocupado y anunció la incorporación de nuevos efectivos para recuperar cierta normalidad.

En cuanto al asunto propio de la proposición, Arnaiz considera importante disponer de una memoria anual de actividad de la asesoría jurídica para conocer al detalle los asuntos judiciales en los que el Ayuntamiento ha sido parte, para disponer de una visión conjunta de los procedimientos judiciales, las materias que concentran más litigios, las resoluciones y su repercusión económica.

Desde su punto de vista, esta información debería servir no solo para conocer cuántos pleitos se afrontan, sino para detectar las causas que se repiten y corregirlas antes de que terminen en los tribunales. Puso como ejemplo las reclamaciones derivadas de caídas por el mal estado de las aceras y sostuvo que una recopilación sistemática permitiría identificar aquellas materias que generan un volumen recurrente de demandas y su correspondiente coste en indemnizaciones, intereses y costas. En opinión de Arnaiz, tener un conocimiento detallado podría ahorrar tiempo y dinero al Ayuntamiento de Burgos.

Mejorar las paradas de autobús del HUBU

Los socialistas llevarán una segunda proposición, si bien pensaban que serían tres y han tenido que recortar ante el anuncio de la alcaldesa, Cristina Ayala, de que a partir de ahora el PP piensa presentar iniciativas en cada Pleno, por lo que se tendrán que repartir entre los grupos con representación municipal las seis que permite el reglamento interno. El portavoz municipal del PSOE, Josué Temiño, se preguntó si los populares propondrán asuntos de la ciudad o se irán al ámbito nacional por "estrategia electoral" cuando se está a ocho meses de las elecciones municipales.

Entrando en el detalle de la iniciativa socialista, está dirigida a reclamar mejoras en las condiciones de las paradas provisionales de autobús y taxi habilitadas en el entorno del HUBU como consecuencia de las obras de remodelación del servicio de radioterapia.  

El PSOE recuerda que desde el pasado 20 de julio las obras han obligado a modificar el acceso de los autobuses urbanos al complejo y a dejar fuera de servicio la parada situada en su interior. El cambio afecta a diez líneas —2, 3, 4, 5, 7, 13, 16, 22, C1 y C2—, cuyos usuarios tienen que utilizar ahora diferentes ubicaciones en el entorno del polideportivo José Luis Talamillo, la avenida de Islas Baleares y la calle Pozanos.

La crítica socialista se centra especialmente en la información y las condiciones de espera. La proposición señala que, en determinados casos, una misma línea utiliza paradas diferentes en función del sentido del trayecto, por lo que reclama que en cada ubicación se indique de manera clara qué líneas paran, hacia dónde circulan y dónde debe dirigirse el usuario para realizar el trayecto contrario. El PSOE también denuncia que parte de la información se ha colocado en carteles sobre farolas y otros elementos del mobiliario urbano.