Graduados sociales y Junta refuerzan su colaboración en simplificación administrativa

El colectivo se reúne en Burgos con el director general de Desregulación, Jesús Jiménez Miguel

Imagen del encuentro celebrado en Burgos.ECB

Burgos

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Los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Castilla y León han mantenido una reunión institucional con Jesús Jiménez Miguel, director general de Desregulación de la Junta de Castilla y León, en un encuentro que pone de manifiesto la importancia de fortalecer los canales de interlocución y colaboración entre la Administración autonómica y las corporaciones profesionales.

La reunión, celebrada a iniciativa de la propia Administración autonómica, ha contado con la participación de representantes de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Castilla y León, en una muestra del reconocimiento institucional de una profesión estrechamente vinculada al funcionamiento de las relaciones laborales, el tejido empresarial y la protección de los derechos de trabajadores y empleadores.

Los Graduados Sociales desempeñan una función fundamental como profesionales especializados en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Recursos Humanos y asesoramiento sociolaboral, constituyendo uno de los principales puntos de conexión entre las empresas, los trabajadores y las administraciones públicas. 

Su conocimiento directo de la realidad empresarial y de los procedimientos administrativos les sitúa en una posición especialmente relevante para contribuir a la mejora de los servicios públicos.

Desde los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Castilla y León se valora positivamente la celebración de este tipo de encuentros, que permiten consolidar una relación institucional basada en el diálogo, la cooperación y el reconocimiento de la experiencia técnica de los profesionales colegiados.

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Asimismo, las corporaciones colegiales reiteran su disposición a colaborar con la Junta de Castilla y León en aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la eficacia de la Administración, reforzar la seguridad jurídica y facilitar las relaciones de empresas y ciudadanos con los poderes públicos.