Nuclenor considera que la nueva ley «refuerza» el proyecto de Garoña

G. DE LA IGLESIA / Valle de Tobalina

La nueva redacción de la Ley de Economía Sostenible (LES) aprobada el pasado martes en el Congreso de los Diputados «refuerza» el proyecto de continuidad de la central nuclear de Santa María de Garoña. Así al menos lo piensa su director, José Ramón Torralbo, que aprovechando la presentación del balance de resultados de la planta del Valle de Tobalina analizó ayer el nuevo escenario que ha generado la eliminación del límite de 40 años de vida útil para las nucleares españolas.

«La Ley que se acaba de aprobar de manera mayoritaria ratifica la posibilidad de que todas las nucleares españolas puedan seguir operando a largo plazo sin una limitación de tiempo siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictamine que su seguridad es la adecuada», una condición que Garoña cumple con creces, según subraya Torralbo. No en vano, insiste, «la argumentación de nuestro proyecto de continuidad se ha basado siempre en el dictamen unánimemente favorable del CSN».

A pesar de ello, el propio Torralbo reconoce que la situación de la central burgalesa es diferente a la del resto de instalaciones nucleares del país. Y es que, «nosotros seguimos teniendo una orden ministerial que ordena el cese de la operación en 2013», mientras que las otras siete plantas no.

Eso sí, a juicio del director de la central esta situación no es determinante. Es «absolutamente factible» la emisión de otra orden que revoque la actual, «gobierne quien gobierne», apunta. De hecho, insiste, la enmienda sobre la vida útil de las centrales «no menciona para nada» a Garoña, por lo que esa normativa se debería aplicar a «todas las instalaciones nucleares españolas» sin distinción de ningún tipo. A este respecto, añade, la apuesta por la continuidad de la planta burgalesa «debería ser independiente de las vicisitudes políticas».

«No tenemos ninguna duda de que sería una decisión responsable derogar esa orden ministerial y emitir una nueva que admitiese la continuidad de la operación de la central hasta 2019 siempre que se cumplan escrupulosamente los requisitos del CSN. Eso es lo que dijimos en su momento y eso es lo que mantenemos». «No hay ninguna razón técnica ni de seguridad para que Garoña no pueda seguir funcionando como mínimo hasta 2019», sentencia Torralbo.

En este sentido, desde Nuclenor se valora de forma muy positiva el principio de acuerdo alcanzado en materia nuclear gracias a la Ley de Economía Sostenible. Eso sí, el director de Garoña considera que hay que dar un paso más allá en busca de un «consenso político» en materia energética que permita establecer una «certidumbre legal para que las empresas puedan confiar en sus inversiones» a medio y largo plazo.

No en vano, la política actual pasa por «mantener las centrales nucleares existentes durante el tiempo que las instalaciones estén en perfectas condiciones, pero hay que empezar a pensar en nuevas instalaciones y para eso no se puede improvisar de la noche a la mañana».

Además, el director de la planta considera que el concepto sobre la energía nuclear «ha cambiado» durante los últimos años. «Cada vez más, la sociedad se está dando cuenta de la conveniencia de mantener la energía nuclear como soporte de la red eléctrica nacional» y como «apoyo a la sostenibilidad de la generación eléctrica». «Internacionalmente esto ha cuajado» y «la industria nuclear española está presente en todo el mundo», por lo que es el momento adecuado para sentar las bases de futuro en materia energética.

Recurso

Sea como fuere, Nuclenor cuenta con otro as en la manga en el caso de que el Gobierno, del color político que sea, mantenga la orden ministerial de cierre en 2013. El recurso que presentó ante la Audiencia Nacional contra el dictamen continúa su proceso judicial y la empresa aún confía en una resolución favorable del caso.

Según explica Torralbo, «el proceso avanza de forma ágil» y ya se ha cerrado la fase pericial, con polémica incluida a raíz del nombramiento de Fabrizio Hernández como secretario de Estado de Energía después haber redactado y firmado un informe que cifra en 951 millones de euros la indemnización que debería pagar el Estado a Nuclenor por el cierre de la central.

A la espera de lo que pueda pasar en el ámbito político durante los próximos meses, la empresa se sigue aferrando a la posibilidad de que el recurso sea estimado antes de 2013. De hecho, por el momento se sigue «confiando» en que los tribunales resuelvan el caso antes de la fecha de cierre. «Los tiempos en la justicia son largos», pero el recurso es «sólido», mantiene Torralbo.