PSOE denuncia que las residencias de ancianos duplicarán sus precios

M. M. / Burgos

La actualización de precios de las residencias de ancianos que gestiona la Diputación Provincial fue el punto más polémico de la veintena que configuraban el orden del día del Pleno celebrado ayer. Acuerdo no hubo, lo que tampoco evitó que la ordenanza con los nuevos precios se aprobara inicialmente en la sesión plenaria de ayer, tras haber mostrado cómo las posturas de unos y otros no podían ser más dispares.

El portavoz socialista, José María Jiménez, criticó que la actualización que realiza la Diputación suba los precios en demasía, «equiparándola a cualquier residencia privada», para lo cual dio a conocer los cálculos elaborados por su grupo, a tenor del contenido de esta nueva ordenanza.

Así, recordó que hasta hoy, la cuota que se pagaba era de 29,68 euros diarios dando lugar a un pago mensual de 890,4 euros, siendo como mucho un 80% de sus ingresos lo que se le retiraba para dicho pago al usuario», cifró, «acumulándose todo aquéllo que no puede pagar hasta completar esos 890 para tras fallecer, ser abonado retirándolo del patrimonio con que contaba», añadió.

Sin embargo, remarcó cómo a partir de ahora, con la subida aprobada, «los precios serán de 1.778 euros al mes (en el caso de plazas para mayores válidos tras pasar la tasa diaria a 59,29 euros diarios); 1.803 euros en el caso de mayores asistidos de grado 1, y de 2.181 euros en el caso de asistidos de grado 2, además de poderse retirar hasta un 90% de los ingresos del usuario.    

El diputado del PP Jorge Mínguez -cuyo grupo contó con el apoyo de Unión Progreso y Democracia (UPyD)-, defendió la subida de precios como «necesaria actualización» de unas cifras que nacieron tras la última revisión de enero de 2005. Además de ser «una medida solidaria al adaptar dichas cuotas al poder adquisitivo de cada usuario», atendiendo a sus ingresos a los que se añade un 5% del valor catastral de su patrimonio, «por lo que serán muy pocos de los 800 usuarios actuales los que tendrán subidas destacables».

La explicación le supo 'a poco' a Jiménez, quien insistió en que harán todo lo posible para evitar su cobro.

Como tampoco le convencieron las explicaciones del popular Borja Suárez sobre el nuevo paso dado en pos de la recuperación por parte de la Diputación, del Aulario anexo a la residencia estudiantil de San Agustín. Punto que causó otro gran debate entre PP y PSOE, que se saldó con el visto bueno plenario para que se revise dicho expediente gracias a la mayoría popular, y con el voto en contra de PSOE y UPyD.

Entre medias, un vistazo al pasado para recordar que el tema hunde sus raíces en 1997 en que se remodelaron las dependencias anexas al monasterio para hacer la actual residencia estudiantil, quedando en manos de la constructora el bloque anexo conocido como el Aulario. «Sin embargo -criticó Jiménez-, la empresa lo usó como sede de sus negocios en lugar de darle el uso educativo que marcaba el contrato», reprochó.

Recordó también que en su intento de recuperar el Aulario, la Diputación pagó a la empresa 220.000 euros a modo de canon. «Vamos, que despilfarró 220.000 euros cuando lo que tendría que haber hecho es denunciar a la empresa por mal uso, o al menos pedirle responsabilidades», aseveró, reprochando que «la Diputación sólo es fuerte con los débiles -como los ancianos de las residencias donde doblan el precio de sus plazas-, pero no con los fuertes». Por otro lado, PSOE y PP acordaron instar desde la Diputación - aprobando así la propuestas al respecto traída al Pleno por el PSOE-, al Gobierno central a que se traslade el peaje de la AP-1 de Villafría a Rubena, y se retome la opción A del futuro trazado de la A-12 (consensuado por todos los ayuntamientos e instituciones hace unos años), tras haber cambiado de opinión recientemente y elegir la opción C, rechazada por todos.