Los empleados de Appacale acusan a la Junta de arruinar 25 años de investigación

M. M. / Burgos

Los trabajadores de la Agrupación de Productores de Patata de Castilla y León, (Appacale) expresaron ayer su malestar tras anunciarles la empresa el 4 de julio el cierre de ésta, y el inicio del período de liquidación. «Lo que supone que a los 10 empleados nos mandan al paro y nadie sabe qué va a pasar con los cultivos en marcha, referentes a seis nuevas variedades de patata con las que estábamos investigando», afirmaron dos de ellas, Elena Franco y Carmen Abajo, con quienes estuvo el secretario provincial de CGT, Néstor Cerezo.

Explican que «se consuma de la peor manera posible, la amenaza de cierre», siendo muchas las consecuencias que derivarán de ello, «como son tirar por tierra 25 años de investigación» que han hecho de Appacale sinónimo de referencia en la investigación de la patata, «y el despido de diez profesionales altamente cualificados», explicó Abajo, también delegada del personal.

Por ello, critican que la Junta llevara meses asegurando que se iba a luchar por la continuación de los empleos y de los estudios, «algo que queda claro que eran sólo mentiras».

¿Y las investigaciones?

Aseguran que al preguntar por la recolocación asegurada en el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) -entidad a su vez dependiente del área de Agricultura del Gobierno regional-, «se nos respondió 'que había sido imposible». En cuanto a las especies en estudio -«unas ya en la basura tras no ser plantadas y otras ya en el campo esperando su recogida»-, explican que la respuesta fue: 'Se mantendrán las actividades que los socios puedan soportar económicamente, al no contar el Itacyl con recursos económicos para ello', además de definir las variedades en estudio como 'un bien estratégico más de la empresa' . Vamos, que todo queda en el aire».

Por ello, lamentan que se proclame el interés en proteger la investigación y la colaboración público-privada, y luego se cierren empresas como ésta, donde la Junta posee el 51% y el 49% restante, las tres cooperativas de productores. «La Junta alegaba buscar el ahorro, cuando los 300.000 euros anuales  de coste de la entidad son apenas el 0,003% del presupuesto regional», cifraron.