La alcaldesa de Aranda de Duero denuncia a la Plataforma por la Plaza por injurias

Una semana después de que el equipo de Gobierno arandino se congratulara por haber cerrado el entramado judicial con Toros Ricor (tras retirar tres de los cuatro contenciosos que tenía interpuestos Victoriano del Río contra el Ayuntamiento), los ediles que en verano aprobaron la licencia de la plaza de toros -Alfonso Sanz, Azucena Esteban y Marian Martín-, han decidido junto a la propia alcaldesa Raquel González, abrir un nuevo capítulo judicial, esta vez contra la Plataforma por la Plaza de Toros.La denuncia por injurias y calumnias se basa en las declaraciones en las que la Plataforma alertaba sobre una posible trama de corrupción. En el escrito enviado a los medios de comunicación el 15 de diciembre, el colectivo lamentaba «la babosa sumisión» con la que estos ediles actúan con Del Río, «siguiendo las directrices marcadas desde Oquillas y Burgos». En sus críticas, calificaban al concejal de Obras, Alfonso Sanz, como «un dispuesto monaguillo y patético penitente meritorio en busca del perdón del ordenante», sin olvidar a las ediles Esteban y Martín, «que cual querubines, pelín ajados, sonrientes y silentes, parecen preguntarse de qué va esta fiesta».La respuesta de la Plataforma no se ha hecho esperar. «Estamos indignados pero convencidos de que nos ampara la libertad de expresión e información», asegura el portavoz del colectivo, Julián Mateos, molesto al considerar que son los políticos quienes deben dar explicaciones de sus actos y no los ciudadanos. Dicho esto, desde la Plataforma advierten de que esta denuncia les abre la oportunidad procesal para presentar una querella contra González, Sanz, Esteban y Martín. «Nos abren el camino de la vía penal, que hasta ahora habíamos evitado por haber presentado un recurso en el Contencioso Administrativo, y no dudaremos», adelantan convencidos de que detrás de las acciones del equipo de Gobierno «hay una trama de corrupción». «Han actuado siguiendo los intereses de Del Río y contra los acuerdos del Ayuntamiento», subrayan al recordar la moción que el bipartito (PP-CCD) obvió -donde la oposición pedía resolver el contrato de la plaza de toros por los incumplimientos de Toros Ricor-, o los diez informes técnicos que se saltaron para dar la licencia.Para el colectivo, es una pena que nuestros representantes se den «más prisa en ir contra los derechos de los ciudadanos que contra los desmanes de este Ayuntamiento».