Solicitan la supresión de barreras en Aranda

Un documento elaborado desde la oficina del Procurador del Común de Castilla y León exige al Ayuntamiento de Aranda que se redacte «sin más dilación» un Plan de adaptación y supresión de barreras arquitectónicas del municipio para su ejecución al tratarse de un proyecto que desde la administración local se tendría que haber hecho hace años, tal como indica la Ley de accesibilidad de 1998.Con este escrito, se da respuesta a una serie de quejas que han llegado a manos de Javier Amoedo, procurador del común, pidiendo que desde el Ayuntamiento se actúe para paliar una serie de deficiencias que existen en Aranda en materia de barreras. Una de ellas pedía, por ejemplo, que se llevase a cabo alguna actuación con respecto al paso de peatones situado en los Jardines de don Diego, frente al restaurante El Ciprés, donde el arandino José Luis Moreno llegó a volcar con su silla de ruedas. «Supone una trampa para las sillas de rueda porque existen en la unión de la pendiente sin rasar huecos donde se clavan las ruedas delanteras», explica este ciudadano.Desde la oficina del procurador del común se ha comprobado, según indican en el escrito, que en Aranda existen barreras urbanísticas tanto en los vados peatonales como en otros muchos puntos del municipio, cuando es una obligación del Ayuntamiento y de las administraciones públicas eliminar estas barreras. Por eso, advierten que «se echa en falta la aprobación de un plan específico para la adaptación y supresión de barreras detectadas en este municipio», algo que consideran «imprescindible para contribuir a su eliminación de forma ordenada y sistemática».Falta de respuestaPor otro lado, el defensor del Pueblo asegura no entender que todavía no se haya dado respuesta desde el Ayuntamiento a los distintos escritos presentados en relación con barreras en el municipio. Además del presentado por la asociación Disfar en enero de 2014 sobre el paso de los Jardines de don Diego, desde este mismo colectivo se pedía respuesta, tres meses después, sobre la situación del resto de vados que se encuentran en las calles de Aranda y de otros 308 puntos que, consideran, no cumplen la normativa de accesibilidad.«Esta inexistencia de actividad administrativa e atención a las peticiones formuladas en dichos escritos supone una vulneración de los derechos que asisten a los interesados», explica el Procurador del Común, quien exige que «se proceda a resolver o dar contestación de forma expresa a los escritos o reclamaciones».