El Ayuntamiento vuelve a reclamar los 700.000 euros de la plaza de toros

Aunque el letrado mayor considera que el Ayuntamiento de Aranda ejecutó los trámites de forma correcta y que tendría cabida un recurso contra la última sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Número 2 de Burgos, los grupos municipales acordaron ayer en la Junta de Portavoces zanjar la vía judicial. Así, tal y como aconseja el propio auto, se retomará el procedimiento administrativo para la reclamación de los 700.000 euros que adeuda la empresa Toros Ricor correspondientes al contrato de adjudicación de los terrenos para la construcción de la plaza de toros. «Recurrir algo que no tiene ningún efecto no tiene sentido, sobre todo cuando se corre el riesgo de que te quiten la razón y encima te condenen a costas», justificó el portavoz de Renovación Arandina Progresista (RAP), Eusebio Martín.Aunque el juzgado daba en parte la razón al empresario Victoriano del Río al entender que antes de declarar nula la compensación del pago de los primeros 350.000 euros -como hizo el Ayuntamiento en Pleno el 27 de enero de 2011- o de reclamar el segundo pago, el Consistorio tenía que haber hecho un expediente previo a la liquidación y dar a la empresa la posibilidad de alegar y de defenderse; el tribunal considera que la deuda sí existe y que el municipio debe reclamarla. «Los servicios jurídicos nos dirán ahora la tramitación que hay que realizar», añadió el portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Francisco Javier Ávila.Con la esperanza de que el Ayuntamiento defienda los intereses del municipio, la Plataforma por la Plaza de Toros ha elaborado una moción con el objetivo de que la oposición la presente un Pleno para que se incoe también el expediente sancionador por las presuntas infracciones urbanísticas cometidas en las obras de la plaza de toros.En el proceso, advierten, el equipo de Gobierno deberá velar porque el nombramiento de Instructor y Secretario para la tramitación del expediente, junto a las pertinentes notificaciones, reúnan siempre las condiciones legalmente establecidas.