El 99% de los municipios se someten a la revisión catastral
La empresa Impuestalia calcula un posible margen de error de hasta el 10% en las valoraciones y no descarta la inclusión de las localidades restantes
Las revisiones afectan a inmuebles rústicos y urbanos. En la imagen, vista aérea de Hontomín.-RAÚL G. OCHOA
Desde que se puso en marcha el proceso de regularización catastral en España -excepto el País Vasco y Navarra-, Burgos se ha convertido en una de las provincias con mayor número de revisiones «con el procedimiento iniciado o ya finalizado». De acuerdo a estos datos, facilitados por la empresa de optimización impositiva Impuestalia, este proceso se ha llevado a cabo en 367 de las 371 entidades administrativas, lo que supone un 98,9%. Teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo en aquéllas provincias en las que «se ha detectado un número elevado de incidencias», el director de la compañía en Madrid, Alfonso Fernández, asegura que «los municipios restantes podrían ser incorporados en futuras notificaciones» del Boletín Oficial del Estado (BOE).Precisamente, el BOE anunció el pasado 22 de febrero la inclusión de más municipios aparejada a un nuevo margen temporal de actuación hasta el 30 de julio de 2017 pese a que en principio se preveía finalizar dicho procedimiento a finales de este año. En la lista, se añadieron 108 localidades burgalesas, a las que se suman «259 desde 2014».Según apunta Fernández, los motivos que llevaron al Ministerio de Hacienda a decretar esta ampliación obedecen fundamentalmente a «la complejidad de las actuaciones desarrolladas para comprobar la adecuación de la concordancia de las descripciones catastrales de los bienes inmuebles con la realidad inmobiliaria», así como «la evidencia de un mayor número de inmuebles y alteraciones susceptibles de incorporación al Catastro en el marco del procedimiento de regularización catastral con respecto de las previsiones iniciales». En el caso de la provincia de Burgos, que cuenta con 562.335 inmuebles, la revisión en la capital se realizó sobre 196.551.En cuanto al «objetivo estratégico de actualización de la información catastral» con el fin de incrementar su «eficacia y eficiencia», Fernández señala la articulación de tres baremos «operativos»: «incorporación de omisiones, actuaciones de apoyo ligadas a procedimientos de valoración colectiva y mejora del grado de actualización catastral». Para ello, Hacienda emplea «técnicas de detección mediante ortografías, mapas de incidencias, trabajo de campo y colaboración municipal».Posibles discrepanciasLas previsiones de Impuestalia apuntan la probabilidad de que «en un máximo del 10% de los inmuebles de estos municipios se localicen discrepancias». En todos estos casos, «dichos propietarios deberán pagar el incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a dichas alteraciones». Con ello se refiere, por citar algunos ejemplos, a «ampliar la superficie construida, cerrar porches, construir piscinas, nuevas construcciones anexas, rehabilitaciones o reformas».Por otra parte, los ayuntamientos juegan un importante papel a la hora de determinar los tipos impositivos de los inmuebles rústicos y urbanos a través de sus respectivas ordenanzas fiscales. Así, cuando se ejecute una «revisión total», «se pueden modificar». A este respecto, Fernández recuerda que cada Consistorio «tendrá que valorar todos los aspectos» -situación socio económica, fecha de valoración de los inmuebles, etc- «para determinar una actuación adecuada al municipio».En Aranda de Duero, inmersa en pleno procedimiento de regularización hasta 2017, la empresa auguró el año pasado un posible margen de error sobre sus inmuebles de hasta el 7% -más de 2.438- durante su ponencia de valores sobre más de 34.826 fincas y edificios.Pese a considerar que «lo justo es que todo el mundo pague por lo que tiene de acuerdo a la realidad de los inmuebles», Fernández recalca que «no es equitativo que una persona lleve toda su vida pagando religiosamente el IBI por los bienes que posee y haya otras que omitan esa obligación». Asimismo, «puede ocurrir que la Administración cometa algún fallo (...) y por ello el importe del impuesto sea superior al debido». Por lo tanto, recomienda «revisar si la valoración es correcta y se ajusta a la realidad para poder constatar lo que la Dirección General del Catastro les propone».