Del Olmo trata de mediar entre Nuclenor y el Gobierno

El PP y el PSOE protagonizaron ayer una nueva trifulca verbal a costa de la central nuclear de Garoña, cuyo futuro continúa en el aire. La polémica surgió a raíz de las declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en las que instaba a Nuclenor a que «no se pegue con el Gobierno para que no le multe» por un posible «cierre anticipado». Asimismo, según recoge Ical, anunció que la Junta de Castilla y León pedirá al ministro de Industria en funciones, Luis de Guindos, que promueva la puesta en marcha de la instalación, máxime cuando «no hay nada decidido y se desconoce su situación». Asimismo, recordó que el informe remitido por la Comisión Nacional de la Energía puso de manifiesto que «se trata de una instalación segura hasta ahora».La respuesta del principal partido de la oposición no se hizo esperar. Tomó la palabra el senador socialista por Burgos, Ander Gil, para acusar a la consejera de estar desinformada porque «el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) lleva tres años trabajando en el cierre definitivo de la central». «Se trata de algo muy serio y pedimos a Pilar del Olmo que no juegue con este asunto», apuntaba Gil antes de instar a la titular regional de Economía a «convidar» al presidente del CSN, Fernando Marti, a rendir cuentas ante el Parlamento sobre el «esperpento Garoña, que lleva años siendo uno de esos vergonzosos episodios nacionales protagonizados por el caótico PP de Rajoy».Por otra parte, Del Olmo aseguró que la pretensión del Gobierno autonómico «siempre» ha sido que «siga adelante» porque «influye, y mucho, en la producción industrial», inclusive en lo relativo «al campo de la energía, ya que cada vez se produce menos y hay una mayor dependencia exterior». Al mismo tiempo, incidió en la necesidad de «seguir apostando por la seguridad», dado que la planta crea «muchos puestos de trabajo en Castilla y León de forma directa e indirecta».A este respecto, el senador socialista acusó a la consejera de «servir a las compañías eléctricas Iberdrola y Endesa» y pasar por alto la revisión del Plan de Emergencia Interior en Parada (PEIP) -«correspondiente al proceso de cese definitivo de explotación de la central»- aprobada durante el último pleno del CSN y promovida por Nuclenor.Sin novedadesSin entrar a valorar las declaraciones de Del Olmo, el presidente del Comité de Empresa de la adjudicataria de la central, Samuel Núñez, precisaba que «por ahora no ha cambiado absolutamente nada». En cuanto a la multa, a modo de «opinión particular», esgrimía que «se ha desestimado en la Audiencia Nacional», por lo que «habrá que seguir recurriendo».Similar visión la del representante de la sección sindical de UGT, Pedro San Millán, quien confirmó que «no sabemos nada». De lo único que ambos tienen constancia hasta el momento es que el martes se celebrará una reunión «ordinaria» con la empresa, aunque según indicaba Núñez «no se tiene intención de presentar ninguna novedad».En lo que también coincidieron fue en la parálisis provocada por la existencia de un Gobierno en funciones, que a juicio de San Millán «no ayuda» porque «no se decide nada». Por su parte, Núñez subrayaba que «a ningún sector le beneficia esta situación».Con la incertidumbre aún vigente, San Millán reconocía que «estamos deseando que la central cumpla con los permisos necesarios», amén de esperar el informe del CSN, «cuanto antes mejor», a fin de conocer su futuro a ciencia cierta.